Sólo los copríncipes pueden indultar a los 'etarras` condenados en Andorra

La petición de gracia realizada en favor de los tres etarras detenidos en Andorra el 22 de abril de 1982, y actualmente en prisión en un penal francés, deberá tramitarse ante los copríncipes (el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y el obispo de la Seu d'Urgell, Martí Alanís), ya que el Gobierno andorrano no tiene competencia en materias de indultos, según la legislación penal de aquel país. Así lo asegura el jefe del Gabinete andorrano, Josep Pintat, en un escrito que recibieron ayer los abogados Josep María Loperena y Jordi Oliveras, quienes desde hace cerca de un año están haciendo gestiones para lograr la puesta en libertad de los tres etarras (ver EL PAIS del miércoles).El pasado 8 de febrero, los dos abogados catalanes citados dirigieron una petición - de indulto al Gobierno andorrano en favor de los militantes de ETA José María Salegui Urbieta, Ignacio Garmendía Izaguerri y Francisco Hernández Llamosa, quienes actualmente cumplen la pena de 10 años de prisión que les fue impuesta por un tribunal andorrano por dos atracos. La petición de indulto se basa en el hecho de que los tres etarras han cumplido ya un tercio de la pena y que tienen, por consiguiente, derecho a los beneficios recogidos en la legislación francesa. Los letrados recuerdan en su petición que los acusados reconocieron durante el juicio que había sido un error político la actuación de ETA en Andorra y anunciaron el propósito de respetar en lo sucesivo la neutralidad del territorio de aquel país.

Con esta petición de indulto culminaba una serie de gestiones efectuadas por los letrados en favor de los tres etarras. La primera de esas gestiones se realizó el 10 de abril de 1984, cuando los abogados se trasladaron a Andorra y se entrevistaron con los dos veguers que representan a los copríncipes. El representante. del presidente de la República Francesa se mostró muy receptivo en favor de la petición y animó a los abogados para que tramitaran el escrito, que quedó formalizado el pasado 8 de febrero; esto ocurrió después de que en Andorra, al parecer, un abogado se hubiera negado a hacerse cargo del caso alegando la supuesta "inutilidad de la gestión", ya que, en su opinión, "aquí no se conceden indultos".