La banca, objetivo preferente de ETA desde 1982

La noche del 5 de junio de 1982, ETA comienza su campaña de atentados contra los bancos que se niegan a pagar el impuesto revolucionario con la colocación de dos bombas en sucursales del Banco de Vizcaya en Rentería y San Sebastián. Solamente en ese año se registró un total de 56 voladuras de sucursales bancarias. La cifra ascendió a 146 hasta el mes de enero de 1984. La entidad más afectada fue el Banco de Vizcaya.El atentado más sangriento se produjo el 7 de febrero de 1983: tres empleados murieron y otros tres sufrieron heridas en la sede central del Banco de Vizcaya, en Bilbao. Desde 1982 ETA había planteado por carta una exigencia idéntica a los bancos más importantes: el pago por entidad de 250 millones de pesetas en concepto de impuesto revolucionario, que debían reunir sus consejeros. Ante esta situación, Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), declaró: "La Banca seguirá sin hacerse eco del impuesto revolucionario porque no se puede colaborar económicamente con gente que ya vemos para qué utiliza el dinero que recibe". A pesar de esta posición de firmeza, en un documento de la organización terrorista, hecho público el 3 de febrero de 1984, se aseguraba que continuarían los ataques a entidades bancarias mientras "no nos paguen el impuesto revolucionario que en nombre del pueblo les hemos pedido".

Entre los secuestros de industriales y empresarios por ETA cabe destacar los de Felipe Huarte, en enero de 1973, y Francisco Luzuriaga y José Luis Arrasate, en enero de 1976. En octubre de 1980 fue secuestrado en Bermeo José Garavilla, director de una conservera, liberado cuatro días más tarde. Tras cuatro meses de secuestro y el pago de un rescate de 341 millones de pesetas, fue liberado Luis Suñer el 14 de abril de 1981. El 5 de febrero de 1982, tras un mes de secuestro y previo pago de 120 millones de pesetas, fue liberado el industrial vasco de origen alemán José Lipperheide.

El primer secuestrado asesinado por ETA fue también un industrial: Ángel Berazadi, director gerente de la empresa Sigma. Un año más tarde, el 22 de junio de 1977, y tras una última exigencia de 500 millones por parte de los secuestradores, fue asesinado también Javier de Ybarra.

Desde hace más de un mes, ETA militar mantiene secuestrado al industrial vasco Ángel Urteaga, por el que, al parecer, ha exigido un rescate de 100 millones.

Los GRAPO, por su parte, lanzaron una ofensiva contra industriales el 5 de septiembre de 1984. Miguel Ángel de la Quintana, director de Inmobiliaria Urbis, fue asesinado en Madrid. El mismo día murió acribillado en su despacho de Sevilla el presidente de la Confederación Empresarial Sevillana, Rafael Padura. El 8 de noviembre de ese mismo año fue asesinado en Madrid Félix de la Piedad Díaz, alcanzado por varios disparos en las escaleras de la empresa de su propiedad. Además, los GRAPO han secuestrado por breve espacio de tiempo a dos directivos empresariales, en Madrid y Barcelona, y han exigido rescates a cambio de su liberación.