Investigación sobre la declaración policial de García de Enterría

El juez Luis Lerga ha acordado, a petición del fiscal, que se realice una información sobre cómo se produjo la comparecencia de Eduardo García de Enterría ante la Brigada de Delitos Monetarios, según informó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Melitino García Carrero. Frente a la versión policial de que el profesor García de Enterría se presentó "voluntaria e inesperadamente" en la brigada, el afectado manifestó en su día al juez la versión recogida por el Colegio de Abogados de Madrid, según la cual fue llamado para prestar asistencia letrada y no se le permitió prestarla, sino que se le tomó declaración como detenido.Tanto el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Rodríguez Mourullo, como el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius, informaron ayer a EL PAÍS que los funcionarios policiales infringieron el derecho a la asistencia de abogado "en las diligencias policiales", garantizado por la Constitución. Uno y otro aseguraron que tampoco se había cumplido el precepto de la ley de Asistencia Letrada al Detenido, que establece el derecho a que el abogado "asista a las diligencias policiales", ya que Rodríguez Mourullo estuvo ausente de los interrogatorios de García de Enterría y de su esposa y sólo presenció la transcripción mecanográfica de los mismos. Otras fuentes jurídicas recordaron que esta práctica viciada de la asistencia al detenido es habitual, aunque difícilmente demostrable en otros casos. "Si han sido capaces de aplicarla con un jurista como García de Enterría", afirmaron, "no van a dejar de hacerlo con otros".

Tras el rotundo mentís realizado por Eduardo García de Enterría a la noticia facilitada el pasado jueves por TVE sobre una supuesta llamada suya a la Brigada de Delitos Monetarios para desautorizar la nota del Colegio de Abogados, ninguna fuente policial se ha responsabilizado de la veracidad de aquella noticia, facilitada la noche anterior por un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda. Un portavoz de la Dirección General de la Policía se limitó a manifestar que no van a entrar en polémica y a remitirse a la versión hecha pública el pasado miércoles. El propio ministro del Interior, José Barrionuevo, dijo ayer que "existen dos versiones, la policial y la de García de Enterría".

Según esta versión, los funcionarios policiales violaron también el derecho constitucional a no declarar, cuando comunicaron a Amparo Lorenzo-Velázquez que, si no declaraba inmediatamente, no podría ir junto a su padre, de 84 años de edad, a punto de someterse a una operación a vida o muerte.

Este diario ha podido saber que el funcionario policial identificado como Benigno Valentín advirtió a Amparo Lorenzo-Velázquez de la posibilidad, si no declaraba inmediatamente, "de tener que dormir varias noches en el calabozo, cuyas repugnantes condiciones describió complacidamente el inspector", según las palabras de García de Enterría.

A la vista de la información del Colegio de Abogados sobre la accidentada declaración, el Defensor del Pueblo se consideró obligado "a iniciar la pertinente investigación" sobre el posible "funcionamiento antijurídico de un órgano de la Administración Pública, como es la mencionada Brigada de Delitos Monetarios". Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional reconoció ayer que García de Enterría manifestó expresamente al juez Lerga que fue llamado a comisaría por un motivo distinto al real y aseguré que la fiscalía va a tratar de establecer cómo se produjo la llamada, aunque anticipó que "esta fiscalía no da trascendencia a eso, sino a que la declaración se hizo en presencia del abogado y sin coacciones".