Industria controlará a las eléctricas por la recaudación de las tasas municipales

Las compañías eléctricas deberán remitir semestralmente a la Dirección General de la Energía las cantidades contabilizadas y las efectivamente satisfechas para abono de la tasa municipal por uso del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública en cada ayuntamiento, según dispuso el real decreto publicado el pasado día 9, que aprobó las nuevas tarifas eléctricas. Asimismo, la misma disposición obliga a las eléctricas a remitir mensualmente la facturación correspondiente a los suministros realizados en el término municipal.

Ello significará someter a las eléctricas a un doble control por parte del ministerio y de los municipios, que les permitirá conocer detalladamente en qué medida estas compañías liquidan efectivamente a los ayuntamientos los 15.000 millones de pesetas anuales, cifra a la que asciende aproximadamente la cuantía de la tasa municipal por la utilización del suelo, subsuelo y vuelo por parte de las compañías en los respectivos términos municipales. Esta cifra proviene de aplicar el 1,5%, que es el tipo usual de la tasa a una recaudación de las compañías eléctricas que se sitúa en torno al billón de pesetas anuales.Esta medida significa un importante éxito para la Federación Española de Municipios y Provincias, que desde hace dos años viene presionando a la Administración para que obligue a las compañías a facilitar la información imprescindible que permita a los ayuntamientos conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de las compañías eléctricas. Algunos municipios habían manifestado reiteradamente su malestar a la Federación de Municipios por sospechar que recibían unas liquidaciones inferiores a las devengadas y no poder efectuar las oportunas acciones legales por carecer de información.

Los Ayuntamientos de Getafe, Alcorcón, Leganés, Parla y Fuenlabrada fueron los primeros pioneros en esta escaramuza con las eléctricas, que no ha cesado hasta establecer unas relaciones con las compañías al mismo plano que con el resto de contribuyentes. Estos cinco municipios alcanzaron el pasado verano un acuerdo con Iberduero en el que la compañía eléctrica, tras reconocer una deuda de 258 millones de pesetas por atrasos en el pago de las tasas, se comprometía a facilitar toda la información relacionada con el asunto.

A la vista de estos datos parciales, en algunas fuentes municipales estiman que las cantidades que podrían haber dejado de recibir los ayuntamientos de toda España podrían ascender a varios miles de millones de pesetas. El real decreto del pasado sábado refuerza el citado acuerdo y extiende el ámbito de su aplicación a todas las compañías.

Repercusión a los usuarios

La recaudación de estas tasas por parte de los ayuntamientos ha planteado un problema adicional derivado de la repercusión de su importe a los usuarios por parte de las compañías. La legalidad de la repercusión. de esta tasa en los recibos de la luz ha sido objeto de varias reclamaciones judiciales durante el pasado año, como la protagonizada por la asociación La Defensa, que consideraba ilegal la repercusión.El debate del plano jurídico quedó esterilizado el pasado septiembre tras la aprobación de un real decreto del Ministerio de Industria por el que se modificaban las condiciones generales de contratación del suministro eléctrico. Al considerar la situación de los tributos se establecía: "Como regla general, los tributos del Estado, las comunidades autónomas, provincias o municipios establecidos sobre las instalaciones, suministro de energía y consumo, en los que sean contribuyentes las empresas suministradoras, no podrán ser repercutidos al abonado como tales, salvo que otra cosa disponga la norma creadora del tributo y sin perjuicio de que su importe sea recogido como un coste de la propia tarifa".

La solución salomónica adoptada por el ministerio ha trasladado el debate sobre la repercusión de estas tasas a otro plano. En efecto, ahora se impide su repercusión directa en los recibos, pero se faculta a las compañías a que lo computen en el escandallo de gastos que sirve de base para elaborar las tarifas.

Esta solución no ha sido bien recibida por algunos ayuntamientos, que consideran absurdo que unas tasas establecidas para gravar a las compañías por utilizar unos bienes municipales acaben siendo pagados por los usuarios.