Fechas para un referéndum

LA LEY establece que los referendos no podrán celebrarse -salvo en los supuestos de reforma constitucional durante el período comprendido "entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum". La medida es tan estricta que la eventual convocatoria, durante esos 180 días, de unos comicios imprevistos -por la disolución anticipada de Ias Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos cuyos presidentes dispusieran de tal facultad- daría lugar a la suspensión automática de un referéndum ya convocado. Esta cuestión se ha cargado de insospechadas significaciones políticas como consecuencia de la proximidad temporal entre las elecciones a los Parlamentos gallego y andaluz y las fechas inicialmente apuntadas por el Gobierno -febrero de 1986- para el referéndum sobre la OTAN. La circunstancia de que el procedimiento de referéndum está sometido -en lo que no se refiere a las disposiciones de su ley orgánica específica- al régimen electoral general puede complicar todavía más la situación si el proyecto de nueva ley electoral fuera aprobado rápidamente e incidiera sobre ese hacinamiento de convocatorias.Las dudas sobre las fechas de renovación de la Asamblea de Galicia, cuyas primeras elecciones tuvieron lugar el 20 de octubre de 1981, iniciaron la polémica.. La celebración de los nuevos comicios podría demorarse incluso hasta el 20 de diciembre de este año si los plazos para la campaña electoral fuesen aprovechados al máximo. En tal supuesto, el referéndum sobre la OTAN no podría celebrarse antes del 20 de marzo. La otra garra de la tenaza son los comicios para la renovación del Parlamento andaluz, elegido por vez primera el 23 de mayo de 1982. Sin embargo, la cuenta atrás de estas elecciones deja espacio para la celebración del referéndum. Si se apura hasta el extremo -en simetría con Galicia- el plazo para la convocatoria andaluza, la fecha límite: del 23 de julio fijaría el tope para la consulta sobre la OTAN en el 23 de abril. Esa banda, situada entre el 20 de marzo y el 23 de abril, asegura la viabilidad del referéndum pero no agota las posibilidades de su convocatoria. No parece por lo demás que el 20 de diciembre, en vísperas de Navidades y con una meteorología inclemente, sea la fecha ideal para las elecciones gallegas, ni tampoco que el 23 de julio, en pleno veraneo y con calores sofocantes, resulte el mejor momento para los comicios andaluces. Si el buen sentido se impone, el espacio libre para el referéndum podría ser adelantado a finales de febrero o comienzos de marzo.

Esos problemas de calendario han engendrado una de esas serpientes del lago Ness a las que tan aficionados son algunos políticos y comentaristas españoles. El globo de mayor volumen ha sido la supuesta existencia de un pacto secreto entre Felipe González y Manuel Fraga para estrangular, con un cordel procesal, el referéndum sobre la OTAN. Según esa interpretación, el presidente del Gobierno y el líder de Alianza Popular habrían alcanzado un acuerdo para demorar al máximo las elecciones gallegas y para acortar al mínimo las elecciones andaluzas, de forma tal que se impidiera la consulta. en torno a la Alianza Atlántica, emparedada entre los 90 días posteriores a los comicios de Galicia -que se fijarían el 20 de diciembre- y los 90 días anteriores a las elecciones andaluzas -que serían convocadas antes del 20 de junio. Para que tal hipótesis, más bien descabellada, funcionase sería preciso que el PSOE, mayoritario en Andalucía, entrase en la oculta maniobra y pusiese de manifiesto, al abreviar los plazos de sus elecciones autonómicas, que el Gobierno socialista no sólo estaba dispuesto a incumplir sus compromisos, sino que, además, tomaba a los españoles por tontos. Por lo demás, es harto dudoso, de acuerdo con el estatuto, que las elecciones andaluzas puedan ser adelantadas. El desmentido de Felipe González a ese rocambolesco pacto secreto era casi innecesario: bastaba el sentido común para pinchar el bulo.

El inmerecido éxito inicial del rumor puede explicarse por el deseo de algunos de que el referéndum no se celebre o por el temor de otros a que la realidad desmienta sus predicciones de que esa consulta nunca tendrá lugar. El. viraje dado por el Gobierno socialista ha limitado las implicaciones del referéndum sobre la Alianza Atlántica.. El presidente del Gobierno parece dispuesto a someter a la voluntad popular tan sólo dos de las opciones teóricamente posibles: de un lado, salida de la OTAN, mantenimiento del acuerdo con Estados Unidos y conservación de las bases militares ya instaladas; de otro, permanencia en la Alianza Atlántica en la situación actual sin avanzar en la integración militar. Ahora bien, hay, cuando menos, otras dos opciones con defensores en. la sociedad española: la primera, respaldada por sectores de la izquierda socialista, pretende la salida de la OTAN, la denuncia del tratado con EE UU y el neutralismo armado; la segunda, apoyada por Coalición Popular, las minorías nacionalistas y la derecha del PSOE, propugna la plena integración en la Alianza Atlántica.

También es cierto que el referéndum hará pagar al Gobierno un elevado precio político y aumentará considerablemente las tensiones de nuestra vida pública. Pero los costes para el sistema constitucional serían mayores si el presidente incumpliera sus reiteradas promesas de "convocar un referéndum para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN". La estabilidad de un régimen democrático de pende de la credibilidad que merecen a los representa dos sus representantes. Los Gobiernos tienen derecho a cambiar de opinión y a intentar que la sociedad W siga en su viraje. Pero el respeto hacia el programa electoral en aquellas cuestiones que dependen exclusivamente de una decisión política (caso del referéndum) y no de variables independientes (caso de la creación de 800.000 puestos de trabajo) constituye una obligación casi insoslayable en un sistema democrático.

La derecha conservadora y las minorías nacionalistas argumentan que el referéndum se haría innecesario si el Gobierno y la oposición alcanzasen un acuerdo abrumadoramente mayoritario respaldado por el Congreso de los Diputados. Pero las cañas del consenso se tornarían posiblemente lanzas en la campaña electoral si Felipe González compareciese ante las urnas sin haber cumplido una promesa cuya realización le exigen los militantes de su partido, la mayoría de los ciudadanos y su propio programa electoral.