Acuerdo parlamentario para que la policía judicial dependa de Interior y de los jueces

El Grupo Socialista aceptó una fórmula de aproximación entre sus tesis y las conservadoras mediante la cual la policía judicial dependerá orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de jueces, tribunales y ministerio fiscal. Los conservadores pretendían que orgánica y funcionalmente dependiera del Consejo del Poder Judicial.La ponencia que informa la ley orgánica del Poder Judicial llegó a una fórmula intermedia propuesta por el representante de Minoría Catalana, Josep Maria Trias de Bes, a fin de que la policía judicial conserve orgánicamente todas sus características, aunque funcionalmente y a través del comisario jefe de la brigada esté a disposición de jueces, tribunales y ministerio fiscal. Esta policía tendrá que dedicarse única y exclusivamente a las funciones judiciales, lo que significa que tendrá incompatibilidad plena para realizar otro tipo de labores.

De acuerdo con el proyecto, la policía judicial se convertirá en un servicio especializado que pasará por el centro de estudios judiciales a fin de obtener una preparación científica en la investigación del delito.

Ayer quedaron reguladas también las funciones de los secretarios judiciales, entre cuyas atribuciones figura por vez primera la posibilidad de hacer propuestas de resolución al juez sobre diligencias de trámite. Dentro de este ordenamiento se incluye la condición expresa de una antigüedad de 15 años en el cuerpo para poder acceder a una plaza del Tribunal Supremo. Las funciones judiciales de la fe pública no podrán ser delegadas en un oficial. Un secretario tendrá que ser sustituido siempre en este supuesto por otro secretario.

Los ponentes aceptaron igualmente que los graduados sociales puedan representar a los litigantes en cuestiones referidas al mundo laboral o la Seguridad Social. En lo referente al papel de los médicos forenses quedó especificado que tendrán incompatibilidad para actuar en defensa de los intereses de las empresas aseguradoras o como médicos de empresa. El proyecto crea institutos de medicina legal, en los cuales los forenses podrán especializarse en temas específicos a fin de aumentar su grado de eficaz colaboración con el juez.