La orden de investigar a los servicios secretos de información provoco la alarma del Gobierno

La orden judicial de investigar a los servicios de información y espionaje, civiles y milítares, en relación con el asesinato del dirigente de la coalición abertzale Herri Batasuna Santiago Brouard. provocó la alarma del Gobierno. Los dos oficios enviados por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao el 13 de diciembre de 1984 al ministro de Defensa, Narcís Serra, y al titular de la Comisaría General de Información, Jesús Martínez, que llegaron posteriormente al ministro del Interior, José Barrionuevo, fueron entregados al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, 15 días después de ser remitidos por la autoridad judicial.Fernando Ledesma los trasladó, ante la preocupación del Gobierno, al fiscal general del Estado en funciones, Cándido CondePumpido, quien encauzó hacia el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, el problema plknteado que culminó con la exclusión del caso del fiscal Emilio Valerio. Conde-Pumpido se opuso a apartar al mencionado fiscal, que dirigía las investigaciones desde el mismo día del asesinato de Brou.ard, y mantuvo la postura de que las diligencias judiciales fue ran cumplimentadas, dado su ca rácter irreversible y pese a las resistencias producidas.

Las investigaciones policiales dirigidas por el policía Antonio Rosinos, se centran en la extrema derecha y descartan absolutamente la participación de ETA en el atentado.

También la policía desestima la hipótesis de que pudiera tratarse de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y no toma interés en seguir esta pista, aduciendo que la reivindicación y posterior mentís del atentado no responde a los métodos habituales de este grupo.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio del Interior respondió a un formulario de cinco preguntas solicitado por EL PAÍS señalando que el departamento no respondía a ninguna cuestión relacionada con el caso "a fin de no interferir las actuaciones judiciales".

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