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Multa de 36.000 pesetas al portugués que colaboraba con el pescador español muerto a tiros

La causa seguida en el Juzgado de Instrucción de Vila Real de Santo Antonio contra el ciudadano portugués Antonio da Silva Monteiro, al que se acusaba de contrabando, ha sido trasladada a una instancia superior, el Tribunal de Relación de Évora, al apelar el fiscal. El juzgado condenó el martes a Antonio da Silva por un delito de contrabando, cometido en el suceso en el que el español Juan Flores Guzmán fue muerto por disparos efectuados por el cabo de la Guardia Fiscal José Alfonso Nunes.

La pena consistió en una multa de 400 escudos diarios durante 90 días, que suma un total de 36.000 escudos (36.000 pesetas). La sentencia calificaba el delito como tentativa de contrabando y desestimó la acusación de contrabando cualificado por falta de pruebas. El fiscal apeló a una instancia superior por creer que la calificación del delito y la pena impuesta son escasas.

Los hechos se remontan al día 5 de enero, cuando una patrulla de la Guardia Fiscal portuguesa abrió fuego contra el pescador ayamontino Juan Flores Guzmán, que iba a recoger unas cajas de marisco entre las poblaciones de Vila Real de Santo Antonio y Castro Marim. Antonio da Silva era la persona que entregaría la mercancía al español, y por esa razón fue juzgado el martes. El cabo que disparó actuó como testigo en la vista.

La agencia Efe, citando a un semanario portugués de tendencia ultraderechista ha señalado que el pescador español pudo ser objeto de una emboscada tendida por una red de contrabandistas que eliminó a Juan Flores por negarse a integrarse en la misma. A esa supuesta red pertenecía, según las fuentes de Efe, el cabo José Alfonso Nunes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de enero de 1985