Nuevo golpe contra la autoridad del sindicato minero del Reino Unido

La autoridad del Sindicato Nacional Minero británico ha sufrido un nuevo golpe al decidir una nueva zona minera cuestionar la validez del reglamento de huelgas impuesto por la ejecutiva nacional.El comité ejecutivo de la zona minera de South Derbyshire aprobó ayer una moción por la que pide más autonomía y el rechazo de un artículo del reglamento de huelgas del sindicato nacional que permite tomar represalias contra los mineros que trabajen durante la huelga oficial.

Los 3.000 mineros de South Derbyshire decidieron por votación no apoyar la huelga minera, que el próximo 6 de marzo cumplirá un año, y han estado trabajando desde entonces.

South Derbyshire es la segunda zona minera que desafía en menos de una semana la autoridad del sindicato nacional minero -National Union of Miners (NUM)-. El pasado sábado, la zona de Nottinghamshire, con 32.000 afiliados, de los que más del 90% no ha secundado la huelga, decidió ignorar el reglamento nacional. La ejecutiva nacional del NUM ha amenazado con expulsar del seno del sindicato a las zonas que no acaten su autoridad, y a tal efecto se ha convocado una reunión especial de delegados para el próximo día 29. El secretario de la zona de South Derbyshire, Ken Toon, declaró que piensa convocar una elección entre los 3.000 mineros de su zona para que decidan sobre el particular.

En los momentos actuales, y según cifras de la Empresa Nacional del Carbón, negadas por los portavoces oficiales del sindicato, 73.000 trabajadores se han incorporado a los puestos de trabajo de un total estimado entre 170.000 y 180.000 mineros. El presidente de la empresa nacionalizada, Ian McGregor, ha manifestado que, en su opinión, la huelga estaría condenada al fracaso si más del 50% de los afiliados al NUM regresaba al trabajo. Por su parte, el presidente del sindicato, Arthur Scargill, ha insisitido en que sólo una tercera parte de los mineros está trabajando, "a pesar de los chantajes y sobornos de la empresa nacionalizada y del Gobierno".

La huelga comenzó al anunciar la empresa su intención de cerrar los pozos no productivos, lo que supondría el cierre de 20 minas y el despido de 20.000 mineros.

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