Violación de derechos fundamentaks
He leído con asombro la noticia aparecida en primera página de EL PAIS del día 27 de diciembre que dice: "Serán nulas ante el juez las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales". Con un encabezamiento subrayado: "Importante sentencia del Tribunal Constitucional".Puede que a la mayoría de los lectores la noticia les afecte positivamente y hasta hagan comentarios exaltando la decisión del Tribunal Constitucional, pero para los que tenemos una mínima idea, no mucha, de las cosas de la justicia, la noticia es una perogrullada. Y lo malo es que la cosa no queda en eso simplemente: lo grave es que el fondo del asunto es tenebroso porque descubre:
1. Que todavía por los agentes de la autoridad se obtienen pruebas violentando los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos (léase torturas y malos tratos, directos y personales, con amenazas y coacciones).
2. Que los tribunales, en general, lo saben, lo dan por reconocido y se acepta como mal aunque menor. Que haya que esperar a que un tribunal como el constitucional (que tiene, o debe tener, otras misiones más trascendentes, aunque ésta lo sea, como yo lo es timo) tenga que pronunciarse sobre el asunto demuestra que el mal es general y no ocasional, esporádico o individual, lo cual sería inevitable y nada reprochable a nadie en particular más que a la persona responsable, mientras evidencia positivamente para este órgano superior de la justicia política: a) Que funciona a la perfección; es consciente de su responsabilidad de guardar y hacer guardar la Constitución y que, consiguientemente, no elude estas responsabilidades, sean cuales sean las consecuencias. Que tengamos que ponderar esto públicamente no es más que la prueba de lo faltos que hemos estado en España de un tribunal como éste, no sólo desde los consabidos 40 años, sino desde siglos. b) Lo ideal sería que los que se consideren aludidos -y que se consideren tal los que sean realmente conculcadores de las libertades ciudadanas que son quienes tienen que salvaguardar en vez de atacar, reprimir y violentar- no vuelvan a caer en la tentación, con lo cual no tendría que volver a pronuncíarse el Tribunal Constitucional.
Las consecuencias de fondo, estructurales, de funcionamiento y de todo orden que se pueden sacar de esta sentencia en relación con la Administración pública en su más amplio sentido son tan grandes y tan lúcidas para nuestra mente que no es necesario siquiera apuntarlas.-
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