La Costa Brava deja de ser un 'paraíso' para los delincuentes extranjeros

Un año después de haberse iniciado las investigaciones para esclarecer la situación presuntamente irregular de numerosos extranjeros instalados en la Costa Brava, se han obtenido ya los primeros resultados. De los 200 extranjeros identificados por la policía como presuntos delincuentes con vinculaciones mafiosas, 59 han sido expulsados de España o lo serán en los próximos días. A principios de 1983 la presencia en la Costa Brava de grupos de delincuentes vinculados a organizaciones mafiosas de carácter internacional era un secreto a voces. Desde el boom turístico de los años sesenta nadie se había molestado en controlar a quienes pretendían instalarse en la zona, bajo qué condiciones y por qué motivos. Muchas personas de "dudosa ocupación" encontraron en la Costa Brava su paraíso

Las ventajas que ofrecía el paraíso de la Costa Brava para un elevado número de personajes con problemas en sus países no eran desdeñables: buena situación geográfica, excelentes posibilidades de comunicación, casi ningún control, policial y la prespectiva de invertir con importantes beneficios a corto plazo.La apertura de las urnas para la elección de los primeros ayuntamientos democráticos, en 1979, comenzó a cambiar las cosas. La necesidad de frenar el caos urbanístico fue asumida por la mayoría de las fuerzas políticas que participaron en los comicios. A partir de entonces construir ya no fue tan fácil y por consiguiente las posibilidades de blanquear dinero en operaciones inmobiliarias queda ron algo menguadas. No obstante, la Costa Brava no dejó de ser el lugar ideal para determinados delincuentes europeos. La zona seguía siendo un "lugar tranquilo", un excelente puesto de mando desde el que controlar sin riesgos las más rocambolescas operaciones y el escenario adecuado para llevar a cabo 'buenos negocios". Las autoridades seguían estando más interesadas por controlar si el número de visitantes se incrementaba o no que por saber qué hacían los turistas durante su estancia en la zona. En abril de 1983, un informe policial filtrado a los medios de comunicación constituyó la primera señal de alarma. El documento calificaba la urbanización Ampuria-brava (uno de los mayores complejos turísticos del litoral gerundense) de "refugio de contrabandistas". "Esta situación, aseguró una fuente policial, ha sido propiciada por las especiales características del lugar y del escaso interés, casi abandono, que ha recibido hasta ahora de las autoridades gubernativas".

Cinco meses después, en septiembre, el gobernador civil Miguel Solans ordenó una investigación, que culminó con la elaboración de una primera lista de 70 extranjeros "presuntamente implicados en actividades delictivas". Solans declaró a los medios de comunicación que "mi actuación no se debe a ninguna denuncia sino a la obligación que tenemos de saber qué pasa". Acto seguido el gobernador anunció la puesta en marcha de un ambicioso estudio que "ofrezca un conocimiento suficiente del problema que nos permita adoptar las medidas adecuadas". Antes del verano último ya se conocieron las primeras conclusiones del trabajo policial. El análisis de los datos obtenidos confirmó la presencia "de importantes delincuentes internacionales en la zona" y denunció la existencia de "un panorama muy sombrío" en palabras de Miguel Solans.

Refugio de bandas

"La trata de blancas, el tráfico de drogas, oro y joyas, el comercio de armas, la evasión de divisas y el fraude al Estado a través de operaciones inmobiliarias irregulares son delitos habitualmente cometidos por algunas bandas extranjeras que tienen su refugio habitual en la Costa Brava", se decía en las conclusiones del trabajo policial. Junto a una segunda lista de 200 personas implicadas en actividades "presuntamente delictivas y vinculaciones mafiosas" aparecían relacionados una gran cantidad de establecimientos públicos y empresas inmobiliarias que podrían estar siendo utilizadas como "tapadera" para justificar la presencia en España de sus propietarios y empleados.

En este segundo informe, referido tan solo a la zona denominada Costa Brava Norte, se señalaban como lugares especialmente conflictivos la urbanización Ampuria-brava y las localidades de Roses, Cadaqués y l'Escala. En todas estas poblaciones la policía localizó gran diversidad de establecimientos abiertos, regentados por extranjeros, de los que no existe expediente en el ayuntamiento", señala el informe.

El documento policial recomendaba la detención o expulsión de las 200 personas citadas y la investigación laboral, económica y judicial de las empresas y establecimientos relacionados en el informe.

A partir de este momento, el plan trazado por el gobernador civil entró en una segunda fase: profundizar en la investigación de la zona norte en la línea sugerida por la policía y ordenar la práctica de una primera prospección en la zona sur.

Este trabajo ya ha obtenido los primeros frutos. El ministro del Interior ha firmado 59 órdenes de expulsión, algunos bares han sido cerrados, a inspección de trabajo ha levantado 85 actas por contratación irregular de extranjeros y se ha cerrado al tráfico internacional el aeródromo de Ampuriabra. La investigación ha tenido también otros efectos: desde que la policía está en la zona "a algunos extranjeros ya no les vemos", ha señala do el alcalde de Roses, Jaume Noguer.

No se conoce todavía el resultado de la investigación realizada en el sector sur. No obstante, fuentes solventes han señalado que las conclusiones ya se encuentran en poder de las autoridades gubernativas y que la situación es al menos ,tan grave como la que se registra en la zona norte. Solans se ha negado a hacer ningún comentario al respecto, invocando la necesidad de observar una prudente cautela para no entorpecer el trabajo policial.

Los puntos en los que los informes policiales no han sido atendidos son los que hacen referencia a la falta de personal y de medios para hacer frente a la investigación con las garantías debidas. No obstante, la gravedad de las denuncías contenidas en los documentos redactados por la policía podría variar la actitud de las autoridades gubernativas del Estado.

Las fuentes informantes han precisado que "Madrid, a la vista de, los últimos informes recibidos, ha prometido la adopción de las medidas necesarias para que no falten los medios adecuados para culminar los trabajos iniciados con éxito .