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Los accionistas del Banco Atlántico esperan cobrar el justiprecio en enero

Xavier Vidal-Folch

Los antiguos accionistas minoritarios del Banco Atlántico -cuyas acciones fueron expropiadas por el Estado en virtud del decreto de expropiación del grupo Rumasa, de 23 de febrero de 1983- esperan que el justiprecio quede fijado definitivamente antes del 6 de enero próximo. A partir de este paso podrán cobrar la indemnización por sus acciones. Esta fecha, contrariamente a la que se había barajado últimamente -el 23 de diciembre-, responde al plazo legal de seis meses, ya que fue el pasado 6 de julio cuando la Subdirección General de Expropiaciones elevó el expediente a la dirección general.Los antiguos accionistas expropiados, reunidos en la comunidad de accionistas, valoraron en 2.300 pesetas el precio de la acción, estimación recogida en la hoja de justiprecio a la que ahora debe responderse oficialmente. La junta general de 31 de diciembre de 1982, celebrada ya bajo la égida de la Dirección General del Patrimonio, cifró en 1.875 pesetas el precio de la acción.

Algunos accionistas del banco han mostrado su desazón por el hecho de que el Estado ya haya cobrado, al vender el Atlántico -al contado- a un consorcio financiero de mayoría árabe, mientras que ellos no lo han hecho todavía, aunque han mostrado su confianza en que el asunto se resuelva rápidamente.

Los antiguos accionistas representados en la comunidad representan el 35% del capital social (6.000 millones de pesetas nominales). Algunos de los antiguos accionistas quedaron fuera de la comunidad, dándose la circunstancia de que la familia Ruiz-Mateos solicitó en su momento ayuda económica oficial para subvenir a los gastos de auditoría derivados de la elaboración de la hoja de justiprecio.

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