Los nuevos estatutos reducen a 17 los miembros de la ejecutiva
El pleno del 30º Congreso del PSOE aprobó ayer unos nuevos estatutos que reducen a 17 el número de miembros de la ejecutiva y hacen incompatible el desempeño de una secretaría de área en la dirección con el de cualquier cargo público. Asimismo, los nuevos estatutos suprimen el requisito de que los aspirantes a afiliarse al partido deban ser avalados por los militantes.La ejecutiva se compone del presidente, el secretario general, el vicesecretario, ocho secretarios de área y seis secretarios ejecutivos; estos últimos, equivalentes a los anteriores vocales, aunque uno de ellos se dedicará específicamente a los problemas de la mujer. Como ya se aprobó en ponencia, no se aceptó la constitución de un consejo político donde se integrasen los dirigentes regionales.
El líder de Izquierda Socialista (IS) Pablo Castellano renunció a defender las enmiendas de su corriente a estos estatutos, salvo la que pedía que en los futuros congresos la elección de los órganos rectores del partido se hiciese contabilizando los votos minoritarios. El sistema vigente establece que sólo vota el cabeza de delegación, el cual expresa la voluntad mayoritaria y no tiene en cuenta las posibles discrepancias. No obstante, Castellano aceptó retirar su propuesta y que el asunto se discuta en el comité federal del partido.
Los trabajos del pleno avanzaron durante todo el día con una lentitud exasperante. La sesión de la tarde no comenzó hasta pasadas las 17.30, y estuvo dedicada hasta las 20.30 a debatir el texto de los estatutos. Por la mañana se habían aprobado ya las ponencias de estrategia política, libertades y autonomías.
En la discusión de la primera, el miembro de Izquierda Socialista Vicent Garcés parafraseó la parábola Tierno sobre la ascensión hacia los objetivos socialistas por las escaleras o por el ascensor, y dijo que, a su juicio, lo que se estaba discutiendo era si realmente se quería subir a algún sitio.
Administraciones paralelas
La ponencia autonómica afirma que el desarrollo del Estado de las Autonomías debe hacerse sin que se reproduzcan administraciones paralelas a la ya existente y sin dar lugar a desigualdad alguna de derechos entre los españoles. También se aprobó una enmienda por la que las inversiones públicas deberán distribuirse teniendo en cuenta las diferencias regionales.
La resolución sobre libertades públicas confirma la llamada de atención a las autoridades para que investiguen y castiguen cualquier caso de malos tratos que pueda darse. En cuanto al terrorismo, afirma que la política del Gobierno socialista está consiguiendo evidentes resultados en la erradicación del fenómeno, la cual es una tarea prioritaria nacional.
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