Los socialistas prevén acomodar las pensiones de los funcionarios a la Seguridad Social
Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Senado a la proyectada reforma de las pensiones para los 700.000 funcionarios estatales modifican el reparto de las mismas y prevén su futura acomodación al sistema de la Seguridad Social. Además de destinar 1.500 millones de pesetas a indemnizar las jubilaciones forzosas a partir del 1 de enero próximo, dichos cambios consisten en elevar las nuevas bases reguladoras sobre las cuales se calcularán las pensiones y reducir las cantidades finales previstas en función de los años de servicio.
La reforma de las clases pasivas -pensiones de los funcionarios civiles y militares del Estado- fue incluida por el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuestos para 1985. Aunque el nuevo sistema beneficiará a cerca del 85% de los 700.000 funcionarios en activo, según algunas declaraciones oficiales -otras apuntaban que como mínimo al 70%-, los perjudicados verían mermadas sus futuras rentas en porcentajes que iban a llegar al 60%.Por el desacuerdo y la indecisión entre el Ejecutivo y el Grupo Socialista del Congreso, el debate de todos los artículos de los Presupuestos relativos al asunto fue demorado en la Cámara hasta el final, a la espera de un acuerdo entre las citadas partes. Los socialistas expresaron deseos de aplazar esta reforma hasta que se debata la reforma de la Seguridad Social, de la que han estado al margen los funcionarios, cuyas pensiones han sido tradicionalmente atendidas por el Estado con cargo a sus presupuestos de cada año.
No obstante, el Gobierno les ha convencido, según fuentes del Grupo Parlamentario del Congreso, de que deberá estar en vigor antes del 1 de enero, debido a que la ley de medidas urgentes de la función pública fuerza la jubilación de 12.000 personas a partir de entonces, al bajar de 70 a 65 años la edad obligatoria.
Al final se ha decidido mantener la reforma de las clases pasivas en la ley de Presupuestos, con dos modificaciones principales: compensar a dichos jubilados por eventuales perjuicios y paliar las reducción de las pensiones que sufrirá la minoría afectada. Pero los socialistas dejarán constancia en la ley -por la enmienda 1555- de que todo lo dispuesto en su sección de clases pasivas "se entiende sin perjuicio de las acomodaciones que pudieran resultar de la reforma de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social".
Tres objetivos
Los tres objetivos quedan reflejados en las enmiendas que introducirá en la ley la mayoría socialista del Senado, cambios que serán mantenidas cuando los Presupuestos vuelvan al Congreso para su aprobación definitiva, según las fuentes del Grupo Socialista de la Cámara baja. En primer lugar, dentro de los 261.142 millones de pesetas presupuestados para pensiones de los funcionarios en 1985 -su escaso aumento del 4% respecto a 1984 ha sido justificado en que disminuyen las obligaciones contraídas en las pensiones de guerra-, habrá una dotación de 1.500 millones para las mencionadas indemnizaciones. Según los socialistas, esto no supondrá incremento de gasto, pues será cubierto con las vacantes que se produzcan entre el personal jubilado por la citada ley de medidas urgentes. La indemnización será de cuatro mensualidades del sueldo base y del grado de carrera administrativa para quienes vean reducida su edad de jubilación en seis o más meses, o si no llegan a los seis meses, de la sexta parte por cada mes natural o fracción.Igualmente, con el objetivo de aproximar al modelo que seguirá la Seguridad Social las bases de cotización o de regulación de las pensiones -mucho más separadas de los sueldos reales en el Estado-, los proyectados haberes reguladores se elevan en cantidades decrecientes según las categorías salariales: para la Administración del Estado entre las 300.000 y las 125.000 pesetas anuales anuales (el titulado con mayor índice y grado tendrá 2,6 millones al año y el bedel 0,83), entre 600.000 y 150.000 pesetas para la Administración de Justicia (un juez tendrá 3,95 millones y un ordenanza 0,99, y entre 450.000 y 150.000 para el personal de las Cortes (un letrado tendrá 2,2 millones y un ujier 0,99).
Frente a este efecto expansivo en las pensiones, bajarán respecto al proyecto los porcentajes de haber regulador en que será fijada la pensión: del 1,35% al 1,15% para un año de servicio y del 100% al 85% para 40 años o más de servicio.
