El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que permite expulsar a extranjeros 'indeseables'

Los extranjeros que residan en España podrán ser expulsados por orden del Gobierno cuando haya razones de seguridad del Estado o residan ilegalmente, entre otras causas, y por los jueces cuando hayan sido condenados por delitos menos graves, según el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocido como ley de extranjería, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. José Barrionuevo, ministro del Interior, explicó a los informadores el texto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.Entre otras novedades del proyecto -que cuando sea ley sustituirá a una normativa vigente muy dispersa y hasta inconstitucional- se establece que los extranjeros que estén sometidos a procedimiento sumario de expulsión podrán ser internados preventivamente, en establecimientos no penitenciarios. La expulsión podrá ser decidida por causas administrativas, tales como estancia ilegal o amenazas para la seguridad del Estado, o por haber cometido delitos. En este caso la decisión corresponderá a los jueces. Los afectados tendrán derecho a abogado de oficio si no cuentan, con defensor. El extranjero que haya sido expulsado no podrá volver a España en el plazo de tres años.

Los gibraltareños

El proyecto establece también que el permiso de trabajo para residentes legales será por cinco años como máximo, pero renovable. Asimismo, dispone que los ciudadanos de países de la CEE tendrán recíprocamente las mismas garantías que los españoles en esos países, y que los habitantes de Gibraltar gozarán de las ventajas que disfrutan actualmente los latinoamericanos, ecuatoguineanos, filipinos y andorranos.El ministro explicó que el proyecto pretende conseguir un equilibrio entre el respeto a los derechos de los extranjeros y la necesidad de actuar eficazmente contra quienes realicen actividades ilegales o cuya estancia en nuestro país no sea conveniente, aunque "España seguirá siendo un país muy abierto", dijo Barrionuevo.

La legislación actual es muy dispersa, antigua en ocasiones -está vigente un decreto de 1852-, y a veces inconstitucional, como es el caso del artículo 30 del principal decreto regulador, el 522 de 1974, que posibilita la detención preventiva previa a la expulsión. Actualmente residen en España unos 250.000 extranjeros en situación legal, y se calcula que los ilegales son una cifra superior.

El Consejo de Ministros aprobó otros numerosos asuntos, entre los que destaca un decreto de desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria, para que las universidades puedan decidir su propia estructura; el plan que desarrolla los terceros canales -autonómicos- de televisión; un aumento de 30.176 míllones de pesetas en las inversiones del INI, destinado a Astilleros Españoles, Barreras y Viajes Iberia, y el establecimiento de una tasa para el juego, que incluye un impuesto anual de 125.000 pesetas por cada máquina tragaperras instalada.

El Gobierno ascendió a teniente general al general de división Gonzalo Puig-Cerver Roma, a generales de división a los generales de brigada Julio Peñas Pérez y Luis Fernández Roca, y a generales de brigada a los coroneles José Suanzes Siljestron, Antonio Vicente Martínez, Juan Antonio Ordóñez, José Sueiras Fernández, Alejandro García González y José Pares de la Rosa.