La lucrativa venta de combustible subvencionado

El buque petrolero Izarra, que navegaba bajo bandera de conveniencia, fue apresado por las autoridades nigerianas el pasado 19 de junio y conducido al puerto de Calabar bajo acusación de realizar contrabando de derivados del petróleo, concretamente gasóleo. La acusación recayó en principio sobre la totalidad de los 29 tripulantes, que por este motivo quedaron retenidos en Nigeria, pero se centró en el capitán, José Luis Peciña, único que al final fue juzgado.El armador del Izarra -buque antes llamado Auma y antes aún Cirón- es la compañía francesa Petromer, pero el principal responsable del viaje que lo condujo a Nigeria es el fletador, el naviero español José López Tapia, que hace algunos años protagonizó una de las quiebras más sonadas de la reciente historia judicial española. López Tapia estaba comprando el buque por el sistema de leasing, esto es, alquiler cuyos pagos dan derecho a la propiedad al cabo de determinado plazo.

Las autoridades nigerianas surgidas del golpe de Estado que derrocó al presidente Alhaji Sehu Saghari el 30 de diciembre de 1983, se centraron en la lucha contra la corrupción, uno de cuyos principales exponentes era el contrabando de productos petrolíferos. El negocio consistía en vender a los petroleros extranjeros el fuel o el gasóleo subvencionados por el Estado nigeriano para la pesca. Los pesqueros compraban combustible hasta dos veces al día, pero lo trasvasaban a unos lanchones que, a su vez, lo servían a los petroleros.

El puerto de Las Palmas de Gran Canaria, punto de paso obligado de casi todos los buques que realizan la ruta del Atlántico, era un buen lugar para revender el combustible y cuenta con la ventaja de ser puerto franco y estar relativamente cerca de las costas nigerianas. Hacia allí, pues, se dirigió una gran parte del tráfico, que reportaba sustanciosos beneficios, ya que la tonelada de fuel, que en Nigeria podía comprarse a 140 dólares, en Las Palmas se revendía al menos a 225 dólares.

Las autoridades nigerianas sostienen que altos cargos del régimen derrocado estaban implicados en el contrabando y el tercer decreto del nuevo presidente, Muhammadu Buhari, puso en marcha una cadena de tribunales especiales y fijó unas penas para los que sean condenados por estos delitos que oscilan entre 21 años de prisión y la condena a muerte.

El Izarra fue acusado de tomar parte en este tráfico y, con tal acusación, el 2 de noviembre pasado comenzó el juicio contra el capitán. Antes y después del juicio, la tripulación ha denunciado repetidas veces el abandono en que les ha dejado el fletador. López Tapia, por su lado, sostiene que el barco no realizaba contrabando y que, en todo caso, sería responsabilidad del capitán.

La tripulación ha sido en todo momento asistida por la Embajada Española en la capital de Nigeria, Lagos, que les ha suministrado alimentos y combustible, y por el Instituto Social de la Marina español.