Las elecciones que vienen

Dos años después de haber tomado posesión de sus cargos, una mayoría de miembros del Gobierno, consultados por EL PAíS, tiene la sensación de haber recorrido mucho más que la mitad del camino. Ahora, el equipo de Felipe González prepara la que acaso vaya a ser su etapa más dura, después de haber completado la legislación del cambio: la puesta en marcha de esta legislación, algo que reconocen que no será fácil y que coincide, además, con un período "preelectoral de hecho".Tanto el presidente como sus ministros se han manifestado privadamente preocupados ante lo que los sondeos revelan como una cierta pérdida de imagen, consecuencia de la aplicación de una política económica y socialmente dura y de resultados inciertos en las áreas exterior y de terrorismo. Los altos índices de impopularidad cosechados por el equipo económico se traducirán, admiten los propios dirigentes socialistas, en duras críticas en el transcurso de las sesiones del 30º Congreso federal del PSOE.

La contestación interna en el seno del partido, las revelaciones de los sondeos y, sobre todo, las presiones de UGT, podrían aconsejar "algunos cambios" no mucho después de la celebración del 30º Congreso, de acuerdo con el análisis de algunos miembros del Gabinete, que admiten, no obstante, carecer de información precisa: "En los Consejos de Ministros no se habla de política general, ni de temas que competen de manera exclusiva al presidente", dijo un cercano colaborador de González, quien reconoció que, por ejemplo, "todos los idicios que parecían seguros fallaron a comienzos de julio con aquella crisis de Gobierno que nunca existió". En todo caso, un anticipo de tales cambios se produjo a comienzos de este otoño, con la sustitución de Enrique Moya, un hombre muy criticado por el sindicato socialista, al frente del Instituto Nacional de Industria.

Todas las fuentes gubernamentales consultadas insisten en el propósito aparente de Felipe González de no adelantar excesivamente las elecciones generales -se cita con insistencia la fecha de mayo de 1986, en coincidencia con las autonómicas andaluzas y de mantener la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Sin embargo, la opinión generalizada de los partidos de oposición consiste en pensar que las elecciones serán anticipadas a finales de 1985 -haciéndolas coincidir con las autonómicas gallegas- o comienzos de 1986, para imposibilitar la celebración de un referéndum que, en opinión del líder de la Minoría Catalana, Miquel Roca, "sería inconstitucional" y, en opinión de Fraga y Óscar Alzaga, "una barbaridad política". La posibilidad del consenso parlamentario en torno a 10 puntos que sustenten la premisa básica de la permanencia de España en la Alianza Atlántica se dificulta, así, por una divergencia radical de partida.

La incógnita acerca de este consenso y de lo que, finalmente, ocurra con la promesa electoral de celebrar el referéndum, así como sobre el resultado del mismo, se une a otras muchas que pesan sobre el 1985 del equipo González. "Ahora se trata de ver qué ocurre en la realidad con las cosas que hemos puesto ya sobre el papel", definió un ministro. "Se trata de que no ocurra como en ciertos casos de la reconversión industrial, mucho menos severa, por ejemplo, que la francesa, pero que está produciendo un serio desgaste a la imagen del Gobierno cuando apenas ha comenzado a aplicarse", añadió.

Reformas pendientes

El propio Felipe González ha advertido que la siguiente etapa, que ahora se abre, se caracterizará por un menor envío de proyectos de ley a las Cortes, para centrarse, en cambio, en un correcto desarrollo y aplicación de esta legislación. En los dos años de legislatura, el Consejo de Ministros ha enviado a las Cámaras un total de 135 proyectos de ley, de los cuales 84 han aparecido ya en el Boletín Oficial del Estado.Sin embargo, y si se exceptúan el campo militar y, con numerosas matizaciones, algunos sectores de la Administración pública, la mayor parte de las reformas para la modernización de la sociedad, contenidas en el programa electoral socialista, está aún por entrar plenamente en vigor. En unos casos, como la despenalización del aborto, la LODE o la libertad sindical, por hallarse en suspenso como consecuencia de la interposición, por la oposición conservadora, de recursos previos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; en otros, por hallarse en alguna de las diversas fases de la larga tramitación parlamentaria por la que debe pasar un texto legal -en este caso se hallan más de 40 proyectos de ley-. En otros varios casos, como el laboral, porque aún ha transcurrido escaso tiempo para comprobar fehacientemente los resultados de la entrada en vigor de la legislación de que se trate.

El problema autonómico

En las Cortes se encuentran actualmente los proyectos de ley orgánica del Poder Judicial, de Bases de Régimen Local y Electoral. Tres textos clave para los que el Ejecutivo no ha podido lograr el codiciado consenso con la oposición. Éste ha sido, acaso, junto con el fracaso del propuesto diálogo con las comunidades autónomas, el punto donde más estrepitosamente ha fallado la política diseñada por Felipe González en el discurso con el que inauguró el primer debate sobre el estado de la nación, según admiten los propios medios de la Moncloa.Pero estos mismos medios añaden que, si en el caso de las deficiencias en el mantenimiento del "delicado equilibrio" con los Gobiernos autónomos, podría, acaso, hablarse de "errores parciales" (entre los que no admiten que se encuentre la querella contra Pujol en relación con Banca Catalana), no ocurre lo mismo con el fallido consenso sobre las leyes orgánicas. "La oposición no ha sabido, o no ha querido, cumplir su papel, ni mantener el compromiso de Manuel Fraga en el primer debate sobre el estado de la nación, en el sentido de cooperar en los grandes temas de Estado; por el contrario, parecen esforzarse en crear dificultades gratuitas, como se vio con la reforma de la Administración pública o, más recientemente, con la ley Electoral, cuyas líneas generales estaban prácticamente pactadas con Alianza Popular y que, a pesar de todo, fue enmendada en su totalidad por el Grupo Popular".

La mayoría de los altos cargos de la Administración socialista consultados por este periódico se mostró optimista ante los retos de la segunda mitad de la Legislatura. "Hasta ahora, lo fundamental es que se haya producido una sensación de normalidad en la alternancia en el poder", afirma el portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos. "Especialmente cuando hay que recordar las prevenciones sobre cómo iban a reaccionar los llamados poderes fácticos ante la llegada de los socialistas". Hoy, agrega Sotillos, quien, preguntado al respecto, minimiza la crispación de algunos sectores sociales ante aspectos concretos de la política del Gabinete, la normalidad es la tónica dominante en las relaciones del Gobierno con otros poderes.