Derrotadas en la Asamblea de Madrid las dos enmiendas a la totalidad de la ley que crea el recargo del 3%
La Asamblea de Madrid rechazó ayer las enmiendas a la totalidad de los Grupos Parlamentarios Popular y Comunista al proyecto de ley del Fondo de Solidaridad Municipal, que crea un recargo del 3% en el impuesto de la renta (IRPF). A favor de la enmienda del Grupo Popular votaron los 25 diputados conservadores y en contra los 74 socialistas y comunistas, mientras que la derecha votó junto al PSOE contra la enmienda del PCE, que sólo obtuvo cinco votos.
El debate sólo se vio alterado cuando Gabriel Usera, portavoz adjunto del Grupo Popular, calificó el proyecto de ley de "intentona subversiva". Tal afirmación motivó una enérgica protesta del consejero regional Javier Ledesma y fue retirada por Usera. Los diputados socialistas reconocieron, por otra parte, que algunos artículos del proyecto pueden ser inconstitucionales y anunciaron la presentación de enmiendas para corregirlos.Francisco Gil, consejero de Hacienda del Gobierno regional, intentó situar el debate, en su turno de defensa del proyecto de ley, y explicó la oposición de los dos restantes grupos por el miedo a lo nuevo, que siempre asusta, en especial "a las gentes conservadoras", afirmó. Negó que el proyecto de ley trate de beneficiar a la comunidad y afirmó que está pensado exclusivamente para ayudar a los ayuntamientos. Argumentó también que es la riqueza en recursos económicos lo que permite que exista realmente la autonomía municipal.
Lorenzo Hernández, portavoz comunista, que defendió la enmienda de su grupo a la totalidad lamentó no haber podido coincidir con los postulados mantenidos por el PSOE. Hernández centró sus críticas en lo que, a su juicio, ha sido incapacidad del Gobierno de Joaquín Leguina para conseguir la consolidación de la Comunidad de Madrid mediante las transferencias del Estado. El portavoz comunista recordó que, según las previsiones del Gobierno regional, para finales de 1984 debería haberse recibido el 100% de las transferencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Madrid, más algunas otras como las de Educación, que necesitan previamente la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales
"El Gobierno regional está in tentando consolidar la Comunidad de Madrid", añadió Hernández, "no por la aceleración en el proceso de transferencias, sino recargando la presión fiscal. Esto es lo que no se han atrevido a decir con claridad".
Gabriel Usera, portavoz del Grupo Popular, basó su intervención en la crítica a los aspectos técnicos, jurídicos y legales del proyecto de ley, al que acusó de incluir artículos inconstitucionales. Usera afirmó que su grupo tiene dudas sobre la competencia de la Asamblea para "imponer con carácter general en toda la comunidad un recargo del 3% sobre la cuota del IRPF".
Añadió que el proyecto puede ser inconstitucional, entre otras razones porque el artículo 53 del Estatuto de Autonomía establece que los recargos aprobados por el Gobierno regional tendrán que acomodarse a la legislación estatal, y, si no se ha regulado expresamente que el recargo no es deducible del impuesto de la renta, no se puede aprobar el proyecto. Usera se quejó de que se ataca con el proyecto la autonomía municipal y anunció que su grupo se opondrá por todos los medios legales posibles.
Francisco Cabaco, que actuó como portavoz del grupo de diputados socialistas, rechazó las acusaciones de la oposición y consideró que la implantación del recargo es una conclusión lógica del programa electoral socialista porque simplifica y racionaliza el sistema impositivo. A la pregunta de Lorenzo Hernández sobre qué va a hacer la comunidad con los ayuntamientos que se nieguen a eliminar sus tasas, Cabaco respondió: "Si ustedes no eliminan las tasas, sus ayuntamientos tendrán que explicar a sus vecinos el porqué".
Sólo inmediatamente antes de la votación tomó la palabra Leguina. "Los recursos a que tienen acceso los ayuntamientos no son muchos y el Fondo de Compensación Interterritorial no beneficia mucho a esta comunidad", dijo.
"No va a crecer la presión fiscal y no entiendo cómo desde el partido comunista se defienden las tasas" añadió. "Saldrán ganando los ciudadanos en general. Ningún medio de comunicación ha dicho, durante el tiempo que ha durado la polémica sobre este terrorífico recargo, cuánto se va a pagar". Leguina, frente a las acusaciones de precipitación en la tramitación del proyecto, afirmó en una conferencia de prensa posterior, que tenía el proyecto en un cajón de su mesa desde el pasado mes de enero.
En el pleno Leguina rechazó la sospecha de que se atenta a la autonomía municipal y recordó que el alcalde de Pinto, del PCE, ha propuesto la retirada de su propio recargo municipal cuando la comunidad anunció que iba a crear el suyo. "Me temo que en la oposición", sentenció Leguina, "es más fácil no hablar de impuestos". El debate continuará los próximos días en comisión legislativa.
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