Los ministros de Exteriores de España y Reino Unido harán hoy una declaración al terminar su encuentro sobre Gibraltar

Los ministros de Exteriores de España y del Reino Unido harán pública hoy en Bruselas una declaración al término de su segunda jornada de conversaciones sobre Gibraltar, según anunció ayer el jefe de la diplomacia española, Fernando Morán, que dijo: "Sólo voy a hacer una declaración muy breve: hemos tenido una sesión de trabajo muy útil, y mañana [por hoy] continuaremos a mediodía". Preguntado si habrá una declaración conjunta, respondió: "Mañana me volveré a reunir con Howe y después haremos pública una declaración".

Las conversaciones mantenidas anoche en Bruselas sobre Gibraltar entre el ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y su homólogo británico, Geoffrey Howe, sirvieron para continuar el estudio, iniciado en abril, de las repercusiones que sobre Gibraltar puede tener la futura incorporación de España al Mercado Común. Diplomáticos británicos mostraron ayer su optimismo y afirmaron que esperan que dentro de "unas semanas o unos días" haya acuerdo.En las conversaciones mantenidas ayer no se entró de lleno en el problema fundamental, que es el de la soberanía española. Ahora bien, la diplomacia hispana espera que esta aproximación puramente técnica sea la plataforma que permita en un futuro cercano abordar la cuestión en su integridad como reivindicación histórica española.

El ministro Morán no excluyó hace dos semanas que ayer se pudiera llegar a elaborar una declaración conjunta hispano-británica. Sin embargo, fuentes inglesas reconocieron ayer que dichos temas "están maduros", pero que el acuerdo necesario para que se pueda plasmar en una declaración sólo podrá producirse en el plazo de algunos días o semanas. Fuentes españolas, por su parte, puntualizaron que cualquier acuerdo está supeditado a una clarificación global del contencioso.

Tras las iniciales declaraciones de Morán, portavoces de su ministerio tendieron a ser menos optimistas, dando cada vez como menos probable la hipótesis analizada anteriormente según la cual la verja podía ser abierta por completo -ahora sólo pasan personas a pie, y los españoles no pueden traer objetos comprados en la Roca- antes del final de año, coincidiendo con el fin del proceso de adhesión a la CEE.

España y Gran Bretaña vienen manteniendo conversaciones secretas sobre el problema de Gibraltar desde el pasado mes de abril, para establecer bilateralmente las bases de la total apertura de la circulación terrestre, marítima y aérea y resolver el problema del libre establecimiento de personas con derechos recíprocos. En este sentido, la cuestión más delicada se refiere a la normativa que regule la adquisición de bienes inmuebles por parte de españoles y que evite cualquier discriminación que, en el futuro, pudiera perjudicar a los españoles respecto a los ciudadanos de otros Estados comunitarios.

De un eventual acuerdo sobre los puntos anteriores se deriva la necesidad de buscar un entendimiento en materia de mercados financieros y controles aduaneros.

Respecto a la aplicación de los períodos transitorios para los productos agrícolas e industriales, el régimen aplicable a la colonia británica de Gibraltar tendrá que ser el mismo previsto por los demás territorios comunitarios y, recíprocamente, para España. En el capítulo social, uno de los mayores problemas es el que se plantea en relación con el trato laboral que habrán de recibir los trabajadores españoles y los casi 4.500 trabajadores norteafricanos que sustituyeron a los españoles tras el cierre de la verja.

Nada más llegar al poder el actual Gobierno español, se tomó la decisión de abrirla -estaba cerrada desde 1969-, permitiendo exclusivamente el paso de personas de nacionalidad española o residentes en la Roca.

10.000 millones de pérdidas

La apertura definitiva de la frontera, que permita el paso indiscriminado de turistas y vehículos, crea también la posibilidad de que los turistas británicos lleguen a la Costa del Sol pasando por Gibraltar, utilizando tarifas aéreas nacionales británicas, más ventajosas que las internacionales, lo que el Gobierno español considera que es lesivo para los intereses de los aeropuertos españoles.Una primera estimación hecha por la Dirección General de Aviación Civil cifraba en unos 10.000 millones de pesetas anuales las pérdidas que los aeropuertos españoles podrían sufrir en este caso si se levantasen de golpe las restricciones al tráfico aéreo. Retoques hechos posteriormente a este estudio disminuyeron algo la pesimista cifra inicial.

Unas cartas remitidas por el anterior presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, a su homóloga Margaret Thatcher dejaron abierta la posibilidad de abrir por completo la verja sin esas restricciones en el terreno turístico. Al llegar a la Presidencia del Gobierno Felipe González, los británicos esgrimieron estas cartas, ante las negativas del actual Gabinete de abrir la frontera en esas circunstancias.

Fue entonces cuando se congeló el diálogo hispano-británico sobre Gibraltar, que tan optimistas expectativas había levantado cuando, el 10 de abril de 1980, los entonces ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Marcelino Oreja y lord Carrington, firmaron la declaración de Lisboa.

Esta declaración era la primera en la que ambos Gobiernos se comprometían a iniciar negociaciones para "solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar", lo que dejaba la puerta abierta para hablar de la soberanía de la colonia. Los contactos mantenidos desde el pasado mes de abril resucitaron de nuevo el diálogo sobre la Roca. En círculos diplomáticos españoles se espera que la declaración que ambos países hagan recoja una fórmula similar a la contenida en la declaración de Lisboa o bien se remita a ella.