La Administración de justicia

Como oficial de la Administración de justicia, y ejerciendo el derecho de réplica que ampara la legislación vigente, estimándome perjudicado por las expresiones vertidas en el reportaje publicado en ese diario, fecha 21 de octubre de 1984, así como el editorial publicado el 4 de noviembre de 1984, le ruego publique en la sección Cartas al director -gracia que no espero alcanzar-, las siguientes puntualizaciones:

1. Sorprendentes los ataques que últimamente sufre la Administración de justicia, desde todos los medios de comunicación, entre ellos EL PAIS, precisamente ahora que está a punto de discutirse en el Congreso la ley orgánica del Poder Judicial, siendo significativo que en dichos ataques se utilice preferentemente a los funcionarios más débiles de dicha Administración, lo que implica una cobardía, y sin duda una campaña orquestada y planificada para denigrar la justicia, ya suficientemente maltratada a lo largo de muchos años debido al abandono y desidia de los Gobiernos de turno.

2. No recurriré al tópico de relacionar las virtudes de esos humildes funcionarios; sólo una: exigiendo a los funcionarios judiciales el cumplimiento estricto de sus funciones y horario legal, la Administración de justicia hace años hubiera llegado al colapso y paralización total.

3. Cierto que entre algún funcionario de justicia pueden darse los supuestos que denuncian en sus artículos -díganme en qué organismos, empresa, actividad o profesión no existe-, pero no duden que los mecanismos de corrección del Consejo General del Poder Judicial funcionan, y actúan contundentemente, pero sepan que lo normal en las frecuentes inspecciones practicadas son felicitaciones, pues precisamente nuestros superiores sí que saben cómo funcionamos y quiénes son y cómo son sus funcionarios.

4. La cara de la moneda tiene múltiples facetas favorables a nuestro comportamiento, de las cuales, sospechosamente, en sus artículos no mencionan ¡ni una! lo que supone ignorancia o mala fe. A la cruz le dedican ustedes todo el espacio, y de tanto airearla se les está oxidando. Pero para que la moneda esté completa les falta explicar quiénes son los bordes.

5. Lo grave de sus exposiciones, yo diría injurioso, es que la cruz la cuelgan a todo el colectivo de funcionarios judiciales, sin excepción, y ahí radica su fallo, y espero que el ministerio fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio

de Justicia den la respuesta adecuada y contundente a esas injurias. Sus informadores -o redactores- ignoran la realidad de la organización judicial y olvidan que un 75% u 80% de la totalidad de funcionarios judiciales desarrollan su actividad en tribunales, fiscalías, juzgados de instrucción, de distrito y secciones penales de otros juzgados, en los que no pueden darse los supuestos que denuncian, por la sencilla razón de no tener otros ingresos que los de su sueldo, y en cuyos órganos no se paga ninguna clase de trabajo u hora extraordinaria, pese a realizarse, lo que supone una discriminación respecto de los que trabajan en secciones civiles, que sí que tienen derecho a percibir las salidas que realizan, reconocidas en la disposición 41 del decreto de Tasas Judiciales, de 18 de junio de 1959.

6. Resaltar que cualquier salida que se verifica, tanto en las secciones civiles como penales, se realiza fuera de los horarios de trabajo, y les aseguro que, de tenerlas que realizar dentro de los horarios normales, no quedaría tiempo para el despacho ordinario de asuntos. Nosotros no tenemos por qué sufrir críticas por una mala organización de la oficina judicial, que se nos tiene impuesta, y que somos los únicos que la sufrimos, como tampoco de las carencias materiales y de personal, ya crónicas.

Hablar de corruptelas en este país, y en el de ustedes, produce risa, cuando tenemos corrupciones con mayúsculas, que hacen temblar toda la economía de esta nación. Critiquen ustedes ésas y verán cómo aquéllas desaparecen por sí solas.-