El ministro de Agricultura de la RFA vincula permanencia en la OTAN e ingreso en la CEE
El ministro de Agricultura de la República Federal de Alemania (RFA), el socialcristiano bávaro Ignaz Kiechie (CSU), declaró, en una cena con corresponsales extranjeros en Bonn, que la permanencia de España en la OTAN juega un papel importante en la negociación de ingreso en la Comunidad Europea (CEE).
A la pregunta de si la permanencia de España en la OTAN tenía importancia en la negociación, Kiechle respondió que "ciertamente juega un papel. Si España dijese 'salimos de la OTAN', en ese caso los esfuerzos para hacer posible el ingreseo en la CEE quedarían reducidos. Esto es así, para decirlo con palabras claras".En respuesta a la pregunta de si habían recibido instrucciones de tener en cuenta este aspecto a la hora de negociar el ingreso de España en la CEE, Kiechle respondió: "no, pero existía la conciencia política general de que España es un aliado de la OTAN y todos, por muchos motivos, deseamos que permanezca y tenemos que ayudar en el ingreso en la CEE. Yo diría que esto es un hecho normal". El ministro se mostró contrario a la posibilidad de que se realice el ingreso de España sin haber resuelto previamente los problemas pendientes, porque esa fórmula ya se empleó en el caso de Grecia y los resultados no fueron buenos.
Sobre la posición de la RFA en el vino dijo que Bonn está dispuesto a aceptar las restricciones en la producción y fijar los topes en 100 millones de hectólitros.
Sobre el aceite de oliva dijo Kiechle que hay que encontrar un instrumento para mantener los costos derivados del problema "dentro de unos límites previsibles y financiables". En el problema pesquero, el ministro dijo que la RFA se siente tratada de forma "no del todo correcta por la CEE, y no bajaremos de nuestras cuotas actuales".
El ministro español de Economía, Miguel Boyer, se entrevistó ayer, en Bonn, con sus colegas de Economía, Martin Bangemann (liberal), y de Hacienda, Gerhard Stoltenberg (democristiano).
El ministro Stoltenberg (CDU) está considerado como el más duro respecto a la entrada de España en la CEE, por su política de reducción del gasto público.
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