El PCE propone suprimir el fuero y pide que sean enjuiciados por un tribunal de jurado

Los jueces, magistrados y fiscales deberán ser juzgados, "por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo", por un tribunal de jurado, según una de las propuestas más novedosas presentada por los diputados comunistas al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En consecuencia, el PCE propone la supresión del fuero especial para los jueces y fiscales, previsto en el proyecto gubernamental.

Entre las 147 enmiendas comunistas al proyecto de LOPJ, que hoy serán presentadas a la prensa, figura también la total gratuidad de la justicia, la elección de los jueces de paz por sufragio universal y la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pida la apertura de expediente disciplinario contra jueces y magistrados.El texto gubernamental establece, en su artículo 91, que las Salas de lo Penal de las Audiencias Territoriales conocerán "de la instrucción y fallo de las causas seguidas contra jueces y magistrados y miembros del Ministerio Fiscal, por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo, cuando la competencia no corresponda al Tribunal Supremo". La enmienda comunista propone que este artículo diga que "la instrucción y fallo de las causas seguidas contra jueces y magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo corresponderá a un Tribunal de Jurado, cuya composición determinará la ley reguladora del mismo".

La justificación de esta enmienda es "evitar que la administración de Justicia sea la única corporación del Estado", explican los diputados del PCE, "en la que sus miembros son juzgados por sus propios compañeros". Asimismo aducen que los tribunales de jurado "tienen apoyo en la Constitución y son el engarce con el principio según el cual la justicia emana del pueblo". Aún cuando tales tribunales se remiten a una ley futura, un bloque de enmiendas comunistas propone la configuración de los mismos, dependientes de las audiencias provinciales e integrados por un magistrado y nueve jurados.

Los diputados comunistas proponen unos tribunales de jurado que resolverán mediante votación a puerta cerrada, por mayoría absoluta de votos. Será competencia del magistrado dictar sentencia conforme al veredicto que se emita, contra la que se podrá recurrir igual que contra las dictadas por las audiencias provinciales. Para ser jurado se requiere ser español, saber leer y escribir, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y no ser incapaz ni incompatible. El cargo de jurado será obligatorio e indemnizable "en cuantía adecuada".

Supresión de privilegios

Los tribunales de jurado conocerán, aparte de los delitos que determine su ley reguladora, para cuya elaboración se establece el plazo de un año, de las causas contra jueces, magistrados y fiscales "de todas las categorías". En consecuencia, los comunistas enmiendan también el artículo del proyecto de LOPJ en el que se establece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá de la instrucción y enjuiciamiento, entre otros cargos, del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidentes y magistrados del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado y fiscales del Tribunal Supremo.Los comunistas proponen que todos estos cargos judiciales sean enjuiciados, como los demás jueces, magistrados y fiscales, por el Tribunal de Jurado. En cambio, dejan subsistente el aforamiento citado para los presidentes del Gobierno, Congreso y Senado, miembros del Gobierno, diputados, senadores, miembros del Tribunal de Cuentas, consejeros de Estado y Defensor del Pueblo. Otras enmiendas comunistas proponen que la responsabilidad penal y civil de jueces y magistrados pueda iniciarse "mediante el ejercicio de la acción popular". Asimismo, solicitan la supresión del antejuicio, o juicio previo del tribunal que ha de enjuiciar a jueces o magistrados, por entender que se trata de un privilegio "de corte claramente corporativista".

El PCE propone también suprimir la exigencia de fianza para el ejercicio de la acción popular, reforzar el papel de las comunidades autónomas en relación con el servicio público de la justicia, la publicidad de las actas, resoluciones y votos reservados del CGPJ, la homologación del sistema de concurso con el de oposición para el acceso a la carrera judicial y la dependencia del cuerpo de policía judicial respecto al CGPJ.