Los gastos corren a cargo del Estado

De los 240.000 millones de pesetas requeridos hasta finales de 1983 por la reconversión industrial, más de la mitad han salido del sector público, según medios financieros. Para los 892.600 millones previstos en el trienio 1984-1986, la aportación estatal esperada ronda las tres cuartas partes. Y hasta 1990 quedarán todavía por cubrir necesidades financieras próximas a los 372.000 millones.Las cifras reflejan la huida del sector privado, principalmente de la banca, que guió la tardía expansión industrial, promovida desde el Estado en tanta o mayor medida que otros países europeos y ahora afrontada por el mismo en su ajuste, también con superior intensidad respecto a Europa.

Por la carencia de empresas privadas dispuestas al liderazgo y porque la banca se ha centrado en su propia reconversión, que en los últimos años ha exigido recursos públicos por más de un billón de pesetas, la reestructuración industrial, al igual que la industrialización, ha sido acometida con retraso respecto a Europa. Demora complicada por la mayor dependencia técnica, la fragilidad financiera y la inadecuación del marco de relaciones laborales.

El primer intento reconversor -llamado de Abril por ser entonces el vicepresidente económico Fernando Abril- no llegó hasta finales de la pasada década; el segundo -mucho más amplio- lo inició en 1981 el ministro Ignacio Bayón, y el tercero el Gobierno socialista en 1983. Los costes del retraso saltan a la vista: de los más de 800.000 millones que deberá aportar el sector público durante el mandato socialista, cerca de 200.000 millones irán a reponer pérdidas que hubieran sido menores con una reconversión a tiempo, según los expertos.

Las tres claves del proceso, orientadas a recuperar competitividad y a mejor adaptarse a niveles europeos, siguen con los adjetivos laboral, financiera y tecnológica. En las tres parecen subsistir algunos interrogantes.

En cuanto a las formas de aportación privada y bancaria, pudieran ser resueltas en las próximas semanas con la fijación de coeficientes legales de inversión obligatoria a para los bancos a tipos algo inferiores a los de mercado. El proyecto de ley está en el Parlamento y su desarrollo habrá de ser negociado. El mecanismo adicional de los créditos participativos, a los que se resiste la banca por cuanto puedan significar alguna responsabilidad gestora en las empresas beneficiarias, acaba de ser aprobado con una marcada orientación hacia el sector público. En otros países se consideran también instrumento de renovación tecnológica. Por ello algunos los concebían como la gran ocasión para implantar tecnologías de futuro (España consume la mitad que los países europeos en términos relativos) y para reindustrializar a la vez que se reconvierte.