Huelga general de los funcionarios franceses contra la reducción salarial y de empleo

La huelga general del sector público francés no fue ni un éxito, ni un fracaso redondo. Según los sectores y los lugares, ayer, el funcionamiento de la Administración fue nulo, o se desarrolló normalmente, como ocurrió en París con los transportes públicos. Los funcionarios del Estado (el 20% aproximadamente de la producción nacional) protestan por el recorte del empleo y por la pérdida del poder adquisitivo que se desprende del Presupuesto para 1985.Los transportes urbanos, ayer, en París, no solamente no sufrieron de la convocatoria de la huelga apoyada por todos los sindicatos prácticamente, sino que incluso se notó una leve mejoría en la circulación, ya que por temor a los colapsos gigantescos, los automovilistas viajaron en metro o en autobús, o en taxi, medios de transporte todos ellos nada entorpecidos por el movimiento reivindicativo.

Por el contrario, los transportes ferroviarios y aéreos perturbaron al máximo, en su sector, la vida de la nación; el correo, en París, funcionó muy mal; y los transportes urbanos, como los demás servicios públicos, según las ciudades, se desarrollaron sin graves problemas o lo contrario. la huelga de ferrocarriles ocasionó un bloqueó en la estación fronteriza española de Port Bou.

Las manifestaciones no fueron numerosas; la más importante tuvo lugar en París, donde 10.000 personas desfilaron gritando sus aspiraciones: "ya está bien de baja del poder adquisitivo", "reducción de las desigualdades", "estamos hasta la coronilla de los salarios de miseria".

Es la primera vez que el sector público, es decir el Estado, se revuelve contra el Gobierno del nuevo primer ministro, Laurent Fabius; y los sindicatos de izquierdas (los dos más potentes del país, además del de los profesores, que goza de una influencia sustancial en ciertos sectores) no quedaron en casa. Además, para mayor espectacularidad, la huelga ha coincidido con la discusión del Presupuesto de la función pública en la Asamblea de Diputados: los trabajadores del Estado protestan contra la supresión de empleos prevista para el año que viene (de 25.000 a 30.000), y contra el aumento pírrico de sus salarios, un 5,2%, inferior a la inflación, que superará el 7% a finales del presente año.