El difícil acuerdo del AlES

El Acuerdo Económico y Social (AES), primer pacto con un Gobierno socialista, nace bajo la incertidumbre de si será capaz de garantizar la paz laboral. Si CC00 ha anunciado su beligerancia contra el acuerdo, a su vez, puede verse abocado a una progresiva radicalización y marginación. Al Gobierno, el AES le adjudica el valor político de reestablecer un sistema de relaciones sociales pactado, pero a cambio le obliga a asumir la mayor parte de los compromisos. UGT y CEOE se disputan el papel de quién ha salido mejor parado.

Cuentan que durante las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), en 1981, el ex ministro de UCD Juan Antonio García Díez, confesó a Nicolás Sartorius -entonces asesor económico de CCOO- que con un Gobierno de centro-derecha los pactos beneficiaban a los sindicatos, y que con un Gobierno de izquierdas, los favorecidos con la negociación eran los empresarios. García Díez argumentaba que el simple intento de buscar el acuerdo con los representantes obreros, obligaba al Gobierno de derechas a "izquierdizar" en parte sus criterios. El mismo proceso, pero a la inversa, se produce cuando el Gobierno es de izquierdas y se trata de buscar acuerdos con los empresarios. Por eso, para algunos el Acuerdo Económico y Social (AES) sólo es bueno para los empresarios. Para otros, beneficia a los trabajadores. Y para casi todos, únicamente compromete al Gobierno.

Los casi cien folios que componen el texto del Acuerdo Económico y Social recogen una serie de compromisos cuyo cumplimiento corresponde casi en exclusiva al Gobierno. Las obligaciones del sindicato UGT y de la patronal CEOE se reducen, prácticamente, a insertar en la negociación colectiva los criterios recogidos en el acuerdo y a difundir -caso de la patronal- algunas de las medidas le fomento de empleo. también se obligan a mantener, durante la vigencia del acuerdo, una estrecha vigilancia para que el Gobierno cumpla sus compromisos.

El AES ni siquiera garantiza una cierta paz laboral. El descuelgue de CCOO y, consecuentenente, su beligerancia al acuerdo y una mayor presión en la negociación colectiva puede rebajar sustancialmente la única contrapartida importante que el Gobierno podría esperar del pacto social. El proceso de negociación seguido en este acuerdo no parece ahora que haya sido el más adecuado para vencer las resistencias que CCOO presentaba ante el pacto. Incluso en los contactos previos, el Gobierno hizo gala de un evidente desinterés por evitar agravios comparativos entre los interlocutores sociales. CEOE y UGT acudían -al menos en dos ocasiones- al palacio de la Moncloa antes de iniciarse formalmente las negociaciones. CC 00, ninguna.

Dudosa paz social

La actitud del Gobierno aumentaba el crédito de los sectores de CCOO más radicalizados y agudizaban las dificultades -por otra parte sobradamente conocidas- del sindicato para llegar al acuerdo. La excusa final para retirarse le las negociaciones fue el sistema le reuniones secretas y el silencio exigido a los participantes sobre el contenido de las conversaciones. La ausencia de CCOO plantea así varios problemas. Unos para el propio sindicato que durante dos años verá reducida su acción sindical, al quedar privada de las áreas de gestión que el propio acuerdo genera, asumiendo, además, un claro riesgo de radicalización. Otros afectarán a la misma eficacia del acuerdo.

La primera parte del AES -compromisos del Gobierno, pueden ser aplicados independientemente del apoyo social que encuentren. La segunda parte del acuerdo interconfederal entre CEOE y UGT- encontrará mayores dificultades. CCOO ha anunciado ya su desacuerdo con las bandas salariales pactadas y su disposición a defender subidas mayores en la negociación colectiva. Pero sólo podrá capitalizar aquello que supere lo establecido en el propio acuerdo.