"Cada vez me siento más socialista y más heterodoxo"
![Joaquín Estefanía](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1f14318f-c7ca-4f48-bb93-b7cc36410b07.png?auth=db36de0011cbbe2e16ae2266d32dda02610eda2bd57b24f0728ceb431be4c682&width=100&height=100&smart=true)
, Pregunta. Está a punto de cumplirse la mitad teórica de la primera legislatura socialista. Al margen de las estrictas cifras coyunturales, ¿cuál es la parte positiva del balance de la política económica?Respuesta. Durante los años 1983 y 1984 se ha hecho un ajuste muy profundo en la economía española. Quizá el aspecto más favorable es el del sector exterior, porque también era el más peligroso.
La constricción de la balanza de pagos es el elemento fundamental que ahoga las economías en su capacidad de crecimiento, y en este punto el vuelco ha sido espectacular: se ha pasado de 4.100 millones de dólares de déficit en 1982 a unos 1.500-1.600 millones de superávit a finales de este ejercicio. Este cambio afloja una verdadera tenaza sobre la economía española, apretada desde las crisis del petróleo y nos permite un margen fundamental para pasar a una política económica más expansiva.
El otro condicionante en el que estarnos haciendo progresos, aunque aparentemente sean más lentos de lo que cabía esperar, es la inflación. Después de las subidas de precios alimentarios del verano, finalizaremos este año en torno al 9%, un punto más que el 8% de incremento de los precios inicialmente previsto. Pero haber bajado del 14% al 9% en dos años es un progreso muy sustancial teniendo en cuenta que al mismo tiempo se está acelerando la tasa de crecimiento, de modo que hemos crecido en los dos últimos años más que en los cinco anteriores.
Respecto al déficit, se ha contenido también su crecimiento y se ha comenzado una reducción a ritmo de medio punto del producto interior bruto por año, que es lo que permiten las rigideces estructurales de la economía española. El déficit es el reflejo de los problemas profundos de la sociedad española, y no una dificultad, como se presenta a veces, de ajustar o de someter a una austeridad adicional a la Administración central del Estado; sobre el déficit repercute el desequilibrio de la Seguridad Social, el sobredimensionamiento de las empresas públicas, los desajustes financieros de los entes territoriales, ya sean comunidades autónomas o ayuntamientos, los excedentes agrarios, etcétera. Cambiar todo esto necesita tiempo y estamos sometiendo a una austeridad extrema a la Administración central.
Cuando se está operando a un enfermo, que es lo que hemos Lecho en 1983 y 1984, no se le puede pedir que al mismo tiempo corra... Los ajustes tienen un coste. Y este coste ha sido la exigencia de moderación salarial, una política monetaria ajustadísima, un crecimiento muy pequeño del consumo, el aumento del desempleo al no recuperarse todavía la inversión. Este esfuerzo de saneamiento se apreciará a largo plazo y se verá cómo cambia el sistema. Por ahora, nos permite ya pasar a una etapa más expansionista.
P. ¿Y en el campo de las empresas privadas y públicas?
R. También se han afrontado problemas empresariales de una dimensión colosal. Las crisis financieras que encontramos en sus aspectos más graves, como eran los grupos Rumasa y Banca Catalana, se han encauzado. También la de las cajas rurales.
Otros casos extremos eran los de Explosivos Río Tinto (ERT) o el taponamiento de agujeros en algunas autopistas (Astur-Leonesa, Atlántico y Navarra), o, más generalmente, la reconversión industrial, que había progresado muy poco en los años anteriores y a la que ahora se ha dado un impulso en los sectores más críticos, como el naval, la siderurgia o los electrodomésticos.
"Renfe pierde más que todo el INI"
P. ¿Y la empresa pública, el Instituto Nacional de Industria, Renfe ... ?
R. Hemos suscrito también un contrato programa para Renfe que pone en vías de solución los problemas de esta empresa pública, que pierde al año 200.000 millones de pesetas, es decir, más que todas las empresas del INI juntas. El contrato programa evita un crecimiento absurdo de la plantilla, aporta una moderación salarial y avanza decisivamente en el problema de las líneas de ferrocarril absolutamente deficitarias.
El INI está también en un proceso de revisión de la estrategia expansionista del pasado, que La conducido a que el instituto acate introduciéndose en actividades como el cultivo de la ostra o del pimentón, que el Estado, evidente, mente, no tiene por qué abordar.
Además de las empresas en reconversión, el año que viene vamos a contemplar un enderezamiento importante en sociedades como Iberia, Seat, ENASA, etcétera. Desde antes del verano está en discusión en el Gobierno una serie de planes estratégicos para los distintos grupos de empresas del INI, aunque todavía no se han traducido en una decisión definitiva del Gobierno, pero lo será muy pronto.
P. ¿Por qué el cambio en la presidencia del INI de un empresario independiente a un militante socialista? ¿Se puede considerar un fracaso la dirección del instituto en los dos años transcurridos desde que entró Enrique Moya en. la presidencia ejecutiva del holding?
R. En la etapa de Moya en el INI se han hecho muchas cosas importantes enderezando sociedades, planteando los problemas, renovando directivos. Recuérdese la suspensión de pagos del grupo Aluminio, ya solventada; Seat tiene buenas expectativas; ENASA experimenta una mejora sustancial; Iberia tendrá unas pérdidas muy inferiores a lo previsto, a pesar de las huelgas de pilotos y técnicos de mantenimiento, etcétera.
Sin embargo, a la hora de abordar otro período cualitativamente distinto hemos creído que la presidencia del INI tenía que recaer en una personalidad política socialista que facilite la solución a los problemas políticos de la reconversión, muy polémicos. El Gobierno está muy satisfecho de la tarea de Enrique Moya, que ha hecho bien todo lo que ha hecho.
P. Supongo que en el balance también hay aspectos negativos. ¿Qué queda por hacer en lo sustancial en la legislatura?
R. En primer lugar, la reforma de la Seguridad Social, que intelectualmente está muy debatida; disponemos de elementos de análisis suficientes como para saber cómo hay que reformarla, aunque el problema es de enorme envergadura. La Seguridad Social no fue pensada desde el punto de vista actuarial o financiero y lleva tiempo viviendo por encima de sus posibilidades. Hay que hacer un esfuerzo para evitar que el déficit de la Seguridad Social lleve a la bancarrota al Estado, sin perjudicar a las personas que actualmente son pensionistas y ajustando las prestaciones del futuro.
El aspecto más negativo es el precio a pagar por el saneamiento, en términos de paro. En ningún país del mundo crece el empleo mientras se sanea la estructura productiva, se reequilibra la balanza de pagos y se reduce la inflación. Ni con Gobiernos de derecha ni con Gobiernos de izquierda. La oposición siempre nos recuerda el aumento del paro, pero las recetas que recomienda son recetas que, cuando se han aplicado, como en el caso del Reino Unido, condujeron a un aumento espectacular del desempleo. El Gobierno Thatcher se encontró con un millón de parados en 1979 y hoy los desempleados superan los tres millones de personas.
Sin embargo, insisto en que lo más duro de este período ha pasado ya y que entramos en una etapa en la que se van a recoger los frutos de este profundo saneamiento.
P. Entonces, en una hipotética segunda legislatura socialista, ¿se irá a una política decididamente más expansiva? El programa electoral de 1982, ¿podría ser el de la próxima legislatura, en caso de que el PSOE repitiese el triunfo electoral?
R. Los resultados del saneamiento se verán antes de una posible segunda legislatura socialista. Quedan más de dos años de esta legislatura y el cuerpo económico español está más tonificado y va a tener una expansión sustancialmente mayor. Es un período distinto.
En cuanto al programa del PSOE, tanto éste como el discurso de investidura del presidente del Gobierno eran muy realistas respecto a la necesidad de saneamientos. Si se relee el discurso de Felipe González se verá que dice reiteradamente que los problemas de la inflación y el paro están íntimamente relacionados, que no se puede abandonar ninguno de los dos. El programa electoral también tiene una primera parte de saneamiento y reequilibrio y una segunda parte en la que se exponen los beneficios que se pueden obtener de ese saneamiento. Esta segunda parte tiene que comenzar a funcionar ahora, en una etapa de expansión.
"Gobiernos distintos; mismas soluciones técnicas"
P. Este esquema teórico, a mi parecer, pertenece más a las políticas conservadoras tradicionales que a las de signo socialista. ¿No está aceptada ya como inevitable la lógica conservadora en el terreno económico? ¿Cuál es la línea divisoria entre una política económica conservadora y una progresista?
R. En macroeconomía hay pocas diferencias. Si se examinan la conductas de Gobiernos socialistas, como el sueco, el francés, el italiano o el español, las diferencias de instrumentos de política económica con Gobiernos conservadores, como el británico o el alemán, no son grandes. Confrontados a los mismos problemas de balanza de pagos e inflación, Gobiernos de ideologías distintas usan las mismas soluciones técnicas.
Lo que existen son Gobiernos con más respaldo popular, y por tanto moral, y la política de saneamiento es, consecuentemente, más fácil en estos países. Por ejemplo, el haber conseguido un acuerdo a dos años (el Acuerdo Económico y Social), con unas claras líneas de moderación salarial y de incentivos a la inversión, es algo que un Gobierno con menos apoyo popular y sindical que éste no hubiera conseguido probablemente. La actitud, ejemplarmente constructiva, de UGT en las negociaciones para este acuerdo, es una baza para que un Gobierno de izquierda resuelva los problemas económicos, de la que no dispondría en igual medida, un gabinete de otro signo.
Las verdaderas distancias entre Gobiernos conservadores y Gobiernos socialistas están en los aspectos redistributivos, de progresividad fiscal y de rigor en un tratamiento justo de las situaciones sociales.
P. Según su última respuesta, ¿cómo se puede explicar desde posiciones socialistas el hecho de que en 1984 se hayan conjugado fuertes excedentes empresariales -beneficios- con una gran moderación de los salarlos? ¿No es una redistribución al revés?
R. El excedente empresarial no es el beneficio: es el beneficio distribuido más la autofinanciación de la empresa para sus inversiones. Si queremos que las empresas inviertan, hay que mejorar su autofinanciación y ello no implica que se distribuyan más dividendos. No es, pues, una redistribución al revés.
Para tener más inversión mañana y más empleos pasado mañana, hay que aceptar hoy sacrificios y moderación de rentas.
Gobiernos como el francés o el sueco, socialistas, lo han explicado perfectamente apelando a que una política socialista no tiene por qué dejar de ser una política realista, de rigor. Precisamente por tener mayor respaldo popular, los socialistas tienen más autoridad moral para pedir sacrificios a la inmensa mayoría del pueblo, que son los trabajadores. Lo que no se puede en una situación de crisis tan profunda como la actual es pensar en exigir sacrificios solamente a una pequeña parte de la sociedad, la parte más rica. Hay que pedir sacrificios a toda la sociedad inevitablemente. Los socialistas no se distinguen porque no pidan sacrificios a los trabajadores, porque eso es imposible. Los socialistas se caracterizan por pedir los sacrificios inevitables, no más, y por evitar que la carga de la crisis esté injustamente repartida.
P. ¿Y cuando termine la crisis? Una vez definidos los instrumentos de política económica, ¿puede concretar los fines hacia los que caminan los socialistas?
R. Estamos hablando de aspectos instrumentales que se manejan eficaz o ineficazmente. Es obvio que los fines hacia los cuales quiere ir un Gobierno conservador y un Gobierno socialista son distintos, a pesar de que hay una afortunada convergencia en el mundo en una serie de principios básicos, como las libertades o la democracia. La idea históricamente básica del movimiento socialista, o de la izquierda, si se quiere, es la idea de una mayor igualdad en lo político y en lo económico. Los Gobiernos de derechas no tienen esta preocupación por la igualdad, aunque recientemente -no históricamente- sí se preocupan por la libertad, que es una reivindicación tradicional de la izquierda en el mundo.
Un cierto grado de desigualdad económica es inevitable e incluso puede ser estimulante, como lo demuestran las experiencias revolucionarias soviética o china: la igualdad absoluta, la falta de estímulos materiales, hacen que no funcione el mecanismo económico. La idea fundamental de los socialistas es no aceptar más desigualdades que las estrictamente necesarias para que el conjunto de la sociedad mejore; la derecha acepta desigualdades excesivas y no justificadas, como la desigualdad de oportunidades de raíz económica...
P. El presidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que cada vez se siente más socialista. ¿También el ministro de Economía y Hacienda?
R. Sí. Esto es perfectamente compatible con lo que también ha dicho el presidente: que cada vez es más heterodoxo. Estando comprometido completamente con los ideales de mayor igualdad y libertad no hay por qué suscribir las recetas del pasado; las fórmulas de estatificación, de nacionalizaciones, han demostrado estar equivocadas. El Estado, expandiéndose indefinidamente, ni produce una mutación aceptable de la sociedad, ni genera más riqueza, ni organiza mejor la producción o el consumo, ni amplía la libertad.
"Las señas de identidad"
P. Entonces, ¿cuáles son las señas de identidad del socialismo moderno en el que usted se inscribe?
R. Lo permanente es este combate por la libertad y mayor igualdad. Las señas nuevas deben recoger la tradición liberal antiestatista, aún entendiendo que el Estado representa intereses generales y es absolutamente fundamental en la sociedad moderna. Estas señas renuevan una tradición muy vieja de la izquierda en sus facetas liberales progresistas e incluso anarquistas, que es la preocupación por el Estado- Leviatán.
La izquierda ha vuelto a apreciar los mecanismos del mercado, con correcciones, como los más eficaces.
P. ¿Alguna de estas señas se encuentra ya incluida en los Presupuestos de 1985, recién presentados?
R. Hay un reflejo de estas ideas, manifestado en la voluntad de contener la expansión de las Administraciones públicas, esto es, lo contrario de esperar el relanzamiento ensanchando la actividad del sector público.
P. ¿Cuáles son los elementos expansionistas del Presupuesto?
R. Son la Seguridad Social y las cargas para el desempleo, que crecen muy por encima de la tasa de las Administraciones públicas, y también el crecimiento de los recursos para la reconversión industrial. Hay un elemento que se expande inevitable e indeseablemente, que son los gastos financieros para pagar los déficit anteriores: es la autoalimentación del déficit.
"Una sentencia adversa sobre Rumasa no abriría una crisis política"
La presentación por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid de un auto que no admite recurso, en el que se plantean dudas constitucionales sobre la legalidad de la expropiación de Rumasa, ha vuelto a poner el desenlace jurídico del holding de la abeja en un primer plano. Ha habido personas que han afirmado que si el alto tribunal fallase en contra de la ley, se abriría una crisis política de muy amplias dimensiones.Pregunta. ¿Qué opina sobre la vuelta de la expropiación de Rumasa al Tribunal Constitucional?
Respuesta. No soy jurista, y por consiguiente he de pronunciarme con mucho cuidado sobre estas cuestiones. No tengo preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional, porque me parece que la cuestión quedó esencialmente juzgada con la primera sentencia del Tribunal sobre el decreto-ley de expropiación.Lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico español resiste la comparación con los ordenamientos más democráticos y más protectores de los ciudadanos que hay en Europa occidental. Esta delicadeza que existe hacia la protección del ciudadano hace que se plantee ahora, a través de un interdicto para recobrar la propiedad presentado por Ruiz-Mateos, una duda de inconstitucionalidad sobre si una expropiación por ley singular no produce una indefensión de los ciudadanos. Creo que está muy bien que el ordenamiento permita agotar todas las posibilidades, pero pienso que el asunto quedó zanjado con la primera sentencia del alto Tribunal.
Las opiniones profesionales que he consultado me indican que no es verosímil que haya novedad alguna respecto a la sentencia primera.6
"No hay freno a la reprivatización"
P. En cualquier caso, ¿no habrá un freno psicológico para los potenciales compradores de las empresas que faltan por reprivatizar (bodegas, Galerías Preciados ... )?
R. No. Ninguno. Incluso el proceso de reprivatización ya desarrollado se ha basado en que, como el Estado es titular legalmente de sus bienes y derechos, cualquier persona física o jurídica que adquiriese empresas que ahora están en el patrimonio del Estado según ley sería un tercero de buena fe. Es decir, que en la hipótesis -que yo considero improbable- de un fallo en contra del Tribunal Constitucional, nunca se verían perjudicados en lo adquirido, nunca habría anulación de las compras, sino, en todo caso, el Estado indemniza a quienes los tribunales dijeran.
P. ¿Qué consecuencias políticas podría tener un fallo adverso del Tribunal Constitucional?
R. Entiendo que, después de la primera sentencia del Tribunal admitiendo la constitucionalidad del decreto-ley de expropiación, políticamente la actuación del Gobierno quedó justificada. Ello no quiere decir que las complicaciones de un segundo fallo, adverso, no fueran trascendentales. Las auditorías, que demuestran que el grupo tenía pérdidas acumuladas de 350.000 millones de pesetas, y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los motivos que fundamentaron el decreto-ley de expropiación respaldan políticamente al Gobierno.
Un fallo del Tribunal Constitucional incongruente con el primero produciría perturbaciones administrativas y económicas muy importantes, pero no políticas.
"Ha habido una campana intolerable de intoxicación en la reprivatización de Loewe"
P. Dentro de todo el proceso de reprivatización, ha sido especialmente polémica la adjudicación de Loewe y su intervención en ella...
R. Ha habido una campaña intolerable de intoxicación en la reprivatización de Loewe. Existían dos ofertas para Loewe: la del grupo escocés Jalegger y la del grupo Urvois-Spínola, con un 57% departicipación española y con posibilidades de elevarla al 60%. La comisión asesora del Gobierno para la reprivatización de Rumasa consideró en su reunión de finales de julio pasado que la mejor oferta desde el punto de vista económico era la de Jaegger, pero también concretó en su informe que, "sin perjuicio de que, teniendo en cuenta la nacionalidad española de quienes suscriben la porción mayoritaria de la oferta de UrvoisSpínola y la conveniencia de asegurar en la mayor medida de lo posible el mantenimiento del carácter español de la marca Loewe, la comisión estima aconsejable elevar también al Gobierno esta última oferta".
Es decir, aunque económicamente había una ventaja clara de la oferta de Jaegger, la propia comisión asesora elevaba las dos ofertas al Gobierno.
Yo fui advertido de que se gestaba una campaña de intoxicación para mediatizar la decisión, porque siempre hay intereses importantes de empresas y bufetes en estas adjudicaciones, y advertí de ello al presidente del Gobierno. Decidimos despreciar estas insidias y estudiar la situación con total frialdad. En el Consejo de Ministros se pronunciaron todos los ministros menos yo mismo, que no quise apoyar ninguna de las dos alternativas. Así, la práctica totalidad del Gabinete optó por la solución de mayoría española que permitía conservar el único nombre que tenemos en una línea importante de artículos de moda.
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