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El PSOE rechaza. todas las enmiendas en el debate sobre incompatibilidades de funcionarios

El Congreso de los Diputados; comenzó ayer por la tarde el debate del proyecto de ley de Incompatibilidades de Funcionarios al Servicio de la Administraciones Públicas, del que sólo dejó por aprobar las disposiciones transitorias y adicionales. La mayoría socialista no admitió ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y los nacionalistas vascos y catalanes.

Ciriaco de Vicente (PSOE), que dio el visto bueno a una enmienda conservadora, se encontró con que previamente había sido retirada y, por tanto, tendrá. que ser aceptada en el trámite posterior delSenado. Éste es el cuarto texto relativo a incompatibilidades sometido a debate en las Cortes. El primero, aprobado por el Gobierno de UCD y circunscrito a "altos cargos", fue promulgado en junio de 1982. El segundo, también para "altos cargos" de la Administracin, lo aprobó el Gobierno socialista y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 1983. El relativo a la incompatibilidad de los parlamentarios no llegó a entrar en vigor, aprobado en diciembre de 1983 en las Cortes, porque lo invalidó el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Grupo Popular, al entender que la materia que regula debe figurar específicamente en una ley orgánica electoral. El debate sobre este cuarto texto referente a incompatibilidades se inició con un ataque en tromba del conservador Arturo García Tizón, que motivó pateos en los escaños socialistas. El mensaje que dejó García Tizón en la Cámara, al igual que sus compañeros de coalición, fue muy simple: los socialistas desconfían por sistema del funcionariado. La discusión general, centrada en el punto clave de que ningún funcionario puede tener más de un puesto retribuido' en la Administración, tomó otras variantes al estudiar aquellos artículos en los que se recogen excepciones muy condicionadas. Por ejemplo, en las esferas educativa y sanitaria, para las que, en el supuesto de tener una segunda actividad, es necesario contar con la previa autorización. La compatibilidad podrá producirse siempre y cuando no exista modificación de jornada de trabajo ni horario. La posibilidad de hacer compatibles dos empleos ha de ser tenida en cuenta, asimismo, atendiendo a regunenes de dedicación a tiempo parcial y una duración contractual determinada. La ley establece igualmente las condiciones sala riales de la compatibilidad, de modo que la cantidad total recibida por ambos puestos no rebase la prevista en los Presupuestos Generales del Estado para un director general.

Actividades particularesLa clave de fondo en el debate era la defensa del derecho a poder compartir un trabajo en la Administración pública con la empresa privada. La ley prohíbel ejercicio profesional de aquellas actividades bajo dependencia de entidades particulares que se relacionen di rectamente con las que desarrolla el departamento, organismo o en tidad donde estuviere destinado el funcionario. Con ello se quiere evitar que determinados funcionarios ejerzan asesorías cuyo fin sea contrapuesto al propio interés de la Administración pública. Hilario López Luna (PSOE), que defendió las tesis del Gobierno, afirmó que todas las prevenciones de la ley están destinadas a lograr "que no escape nadie de los que se han escapado hasta ahora .

García Tizón calificó la ley de "represiva, decimonónica y cavernícola", y añadió que se va declarar incompatibles a funcionarios que no simpaticen con el Gobierno. El diputado nacionalista vasco Joseba Zubia señaló que el proyecto conculca los derechos del País Vasco, que tiene competencias sobre la Administración. Los socialistas le respondieron que la "ley también es aplicable en el caso del funcionario que simultáneamente pueda ser miembro de la Administración central. El debate continuará la próxima semana.

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