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El editor Castellet "no toma en consideración" su nombramiento al frente de la Caixa de Catalunya

Xavier Vidal-Folch

El escritor y editor Josep Maria Castellet comunicó ayer a los 11 miembros del consejo de la Caixa de Catalunya que votaron su nombramiento como presidente de la entidad que "no tomaba en consideración" esa designación, según ha sabido este diario de fuentes fidedignas. Esta negativa obedece a que considera nula la reunión en que se votó su nombre y a que reputa también irregular el cese de Josep Lluís Sureda como presidente. La designación del escritor es la tercera decisión controvertida tomada en las dos últimas semanas por una parte del consejo, la que apoya al director general.

La negativa de Castellet a entrar a considerar, siquiera, la decisión de su nombramiento es un síntoma más de la gravedad que reviste la crisis de poder -que no financiera- abierta en la caja desde que el pasado día 18 de septiembre un grupo de 11 vocales, de los 20 que forman el consejo, decidió el cese del presidente Josep Lluís Sureda. La propuesta hecha a Castellet en la reunión del pasado día 27, de la que hace caso omiso, reviste caracteres insólitos, porque no se le comunicó previamente, según indican fuentes de la caja, lo que constituye un hecho sin precedentes en el mundo de las cajas de ahorro. La fallida designación del escritor para ocupar el puesto de presidente se hizo cuando el propio Castellet ya había notificado a la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat su oposición a la decisión de cesar al presidente Sureda, adoptada en la tumultuosa sesión del día 18, a la que él no pudo asistir, y que considera irregular, al igual que los otros siete consejeros representantes de la Diputación de Barcelona en el consejo de administración.

Otra razón para esta negativa estriba en su desaprobación de la propia celebración de la reunión del consejo del día 27 en que fue nombrado, a la que tampoco asistió.

Polémica jurídica

Mientras que los 11 consejeros seguidores de Joan Bilbao consideran correcta su actuación, otras fuentes ponen de relieve lo que califican de "una convocatoria irregular" del consejo para su reunión del día 27. Los estatutos de la entidad establecen en su artículo 75 que la convocatoria del consejo corresponde al presidente, quien debe dirigir también sus deliberaciones y velar por la ejecución de sus acuerdos. Pese a que el consejo está dividido entre quienes consideran destituido a Sureda (11 vocales) y quienes le siguen considerando presidente (9), lo cierto es que el artículo 77 establece que "en un caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibilidad (del presidente) será sustituido por el vicepresidente primero y por el segundo, por este orden". El vicepresidente primero, Santiago Marimón, también representante de la diputación, sería pues el presidente en funciones -y por tanto, la persona capacitada en primer grado para convocar el consejo- en caso de que los seguidores de Joan Bilbao llevaran razón en que el cese de Sureda es legal. Marimón se negó a convocar al consejo, al considerar que seguía habiendo presidente y que el asunto estaba pendiente de la resolución de la Generalitat.

Los 11 seguidores de Bilbao amparándose en que otro artículo de los estatutos, el 65, contempla la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias del consejo "cuando el presidente sea requerido por cinco vocales o por la comisión ejecutiva", celebraron la reunión.

La cuestión de fondo de la presidencia de la caja fue efectivamente examinada, aunque no definitivamente resuelta, por la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat después de la crisis del día 18 de septiembre. La dirección general acordó instruir expediente informativo -según lo previsto en el artículo 91 de la ley de Procedimiento Administrativo-, otorgando audiencia y plazo de alegaciones a Josep Lluís Sureda. Pero, al mismo tiempo, de forma aparentemente contradictoria, pues quedaba abierto el plazo de alegar, acordó la inscripción de su cese en el registro.

La causa del conflicto

El cese de Sureda y el fallido nombramiento de Castellet son dos de las tres decisiones controvertidas adoptadas en las dos últimas semanas por los 11 consejeros seguidores del director general, Joan Bilbao. La tercera es la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 19, con el objetivo de reformar los estatutos. En sus últimos episodios la controversia se ha coloreado políticamente, al votar en bloque los consejeros de entidades e impositores, más conservadores -entre ellos se cuenta el legendario catedrático franquista de Mercantiles, José María Berini- contra los de la diputación, de izquierdas.

Sin embargo, unos y otros reconocen que, en su origen, la cuestión es de tipo personal. Para el bloque progresista, la causa de la crisis es el repetido intento del director general de acaparar poder. Para los seguidores de Joan Bilbao, Sureda ha adoptado "actitudes autoritarias, obstruccionistas y al margen de sus funciones", sobre todo, a partir del mes de mayo, en que se planteó una polémica sobre la renovación de cuatro vocalías. Según ellos, Sureda debía haber dimitido el 4 de septiembre, fecha en que se lo solicitaron por escrito, lo que reiteraron oralmente en la confusa reunión del día 18.

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