El Congreso aprueba la ley de bandas armadas, que permite cerrar provisionalmente un periódico

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley orgánica contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas, uno de cuyos artículos recoge la posibilidad de que el juez ordene el cierre provisional de un medio informativo por apología del terrorismo, con la única condición de que haya sido admitida a trámite una querella del fiscal al respecto.

Pidieron la supresión del artículo el Grupo Vasco, Euskadiko Ezkerra, Minoría Catalana y Esquerra Republicana, y el resto de los grupos defendieron una redacción diferente, por considerarlo un atentado a la libertad de expresión. Este precepto concreto sólo contó con el apoyo de los socialistas. El conjunto de la ley -votada a la totalidad una vez concluido el articulado- obtuvo el respaldo del partido en el Gobierno, el Grupo Popular y Minoría Catalana. Se pronunciaron en contra los comunistas y el PNV. En el momento de la votación se hallaba ausente el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés. El. resultado arrojó 234 votos a favor y 5 en contra.Las cortapisas que para la libertad de expresión puede suponer la ley orgánica contra la actuación de la bandas armadas y elementos terroristas y los diferentes conceptos que los grupos de la Cámara tienen sobre la confesión y la delación crearán crispación en el debate.

El artículo 4 de la nueva ley consumió el mayor número de enmiendas. Para Francesc Vicens, de Esquerra Republicana, podría aplicarse el concepto de negligencia en la apología del terrorismo no sólo a los responsables de un escrito, sino, por extensión, a aquellos por los que pasa el texto para su composición o locución. Para Fernando Pérez Royo, comunista, el problema radica en que en la provocación a delinquir no se identifique al autor, sino que se produzca una cascada de procesos. Para Pérez Royo se puede llegar a procesar al director de un medio sin que se llegue a investigar quién es el responsable directo del delito.

Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, estimó que la responsabilidad penal es individual. Respecto a la obligatoriedad de la confesión y la delación para la atenuación de las penas, opina que llevarán al fracaso una iniciativa que debería ser una puerta abierta a la reconciliación.

Marcos Vizcaya, por el Grupo Vasco, entró en el debate con la tesis de que el artículo 2 de esta ley deroga el 13 y el 15 del Código Penal y el primero de ellos fue establecido en 1870 con el deseo de "no coartar la libertad de expresión y la erosión del pensamiento".

El diputado del Grupo Socialista Luis Berenguer intervino para recordar a las minorías que el artículo 4 es copia del 216 bis del Código Penal vigente y que cuando éste fue introducido por el Gobierno de la UCD en 1981 solamente tuvo dos votos en contra. Berenguer echó en cara a las minorías que votaron a favor cuando se trató de delitos de rebelión y que ahora que se añade el terrorismo no estén de acuerdo. La intervención de Berenguer produjo notorios desasosiegos entre algunos diputados socialistas. De tal manera que, cuando se produjo la votación de las enmiendas presentadas por las minorías, éstas alcanzaron un número de votos tan elevado que quizás en el PSOE se haya producido alguna indisciplina.

Pablo Castellano (PSOE) condenó a quienes empuñan el arma para imponer a los demás sus teorías nacional-racistas o involucionistas. "Vale más morir por una idea o pensamiento que matar por ella", afirmó. Castellano defendió el cierre de un periódico, si ello fuera necesario, cuando cometa un abuso de la libertad de expresión.

Finalizado el debate, el Grupo Vasco manifestó en un comunicado que el proyecto no es conciliable con un Estado de derecho y descalifica la democracia.