El ex director de Sellberg niega haber acusado al PSOE de recibir comisiones ilegales

Carlos Franco Arandilla, ex director general de Sellberg, SA, negó ayer haber acusado "al PSOE ni a ningún otro partido" de recibir comisiones ilegales. Por su parte Vicente Torres, el receptor de los talones utilizados liara lograr las contratas de Murcia, Lorca y Mérida, volvió a negar que él haya dado dinero al PSOE. Vicente Torres dice respecto de Franco que éste fue despedido de Sellberg, SA, "por las peores razones que darse pueden" y le atribuye la condición de antiguo militante de Fuerza Nueva; Franco defiende la honorabilidad de su actuación y afirma que sus simpatías políticas son para el PDP, que preside Óscar Alzaga.

"Yo no he dicho jamás", declaró Carlos Franco, "que los famosos talones cobrados por Vicente Torres fueran entregados a don Emilio Alonso Sarmiento o al PSOE. DU ratifico en que los tres cheques fueron cobrados por don Vicente Torres, para que, según él, y como consta en mi testimonio notarial, f`ueran entregados a don Emilio Alonso; pero insisto en que nunca, ni siquiera en ese acta notarial, dije que el dinero fuera recibido por don Emilio Alonso, por el PSOE o por cualquier otro partido, persona o sociedad. Todo este desagradable asunto se terminaría si Torres explicara qué hizo con el dinero".Preguntado sobre el destino de tales cantidades, Vicente Torres declaró a su vez que "efectivamente yo cobré esos talones, que estaban extendidos nominativamente a mi nombre; una vez hecho retorné el dinero a la compañía, que los utilizó en gastos normales dentro de la inversión a realizar en las contratas de Murcia, Lorca y Mérida". Al insistirle que concretara e' destino exacto del dinero, agregó que no podía hacerlo, "puesto que en aquel momento yo no tenía firma, ni era el responsable y ordenador de pagos de la compañía; lo que puedo asegurar es que no entregué ese dinero a ningún partido y pienso que solamente un juez o rrá propia empresa tienen derecho a pedirme más aclaraciones".

Quien niega estar en posesión de ese dinero es Carlos Franco. Éste último afirma disponer de pruebas bastantes para demostrar que el importante de los talones no se los quedó él, aunque reconoce que en el verano de. 1981 se dejó firmado un impreso en blanco en la delegación de la compañía en Murcia, que según su versiónalguien rellenó indebidamente, como si Franco se hiciera responsable del dinero. Preguntado cómo pudo dejarse impresos firmados en blanco, respondió que eso es bastante normal entre ejecutivos de muchas compañías.

Relación con Alzaga

En otra declaración distribuida ayer, realizada en este caso a la agencia Efe, Vicente Torres destaca la "amistad o conocimiento del señor Franco con óscar Alzaga", actual presidente del Partido Demócrata Popular (PDP), y le atribuye además la posible intención de "íneterse en política, aunque su línea no era excesivamente democrática en la época en que militaba en Fuerza Nueva". Indica asimismo que las tres contratas controvertidas no fueron por adjudicación directa, sino por concurso público y con unanimidad del PSOE, UCD y AP. En esa misma declaracíón, Torres atribuye a Franco la condición de "alcohólico".

La versión de Franco sobre estos extremos es que "conozco a óscar Alzaga por una gestión que le encargué como abogado, en 1976 o 1977, y no he tenido más relación con él. En cuanto a vinculaciones políticas, en primer lugar yo puedo militar en cualquier partido, porque éste es un Estado democrático; pero de estar en algún sitio sería en el Partido Demócrata Popular, del que soy simpatizante, aunque no he llegado a afiliarme. Y esa simpatía no es por amistad con Alzaga, sino porque es un partido cristiano".

Franco da la razón a Torres en lo que se refiere a la unanimidad de los ayuntamientos de Murcia, Lorca y Mérida a la hora de conceder las contratas. Prefirió no entrar en la imputación del presunto alcoholismo, ya que le parece muy mal que se utilicen estas cosas.

Por el momento, sigue sin existir acción judicial alguna contra Torres. Por el contario, Franco tiene pendiente una querella de su empresa por los presuntos delitos de apropiación indebida, hurto y "arrienazas lucrativas".