Los tres activistas para quienes se concede la extradición pueden ser enviados ya a España en los próximos días

, Los tres presuntos militantes de ETA Militar que el Gobierno francés decidió ayer entregar a España pueden ya ser trasladados en los próximos días a Madrid, "donde serán entregados a la justicia y no a la policía", según reza una de las condiciones "duramente negociadas" (según palabras de Roland Dumas, portavoz del Gobierno de París) con el Gobierno español para que se realice esta operación. Los otros cuatro activistas que estaban encarcelados en la prisión de Fresnes fueron expulsados a Togo (África).

Por primera vez, un Gobierno francés, el socialista, consiente las extradiciones de presuntos terroristas vascos, y ello significa un cambio radical de actitud que, según Dumas, se explica "porque una cosa es la doctrina y otra las realidades políticas". Los abogados de los activistas han presentado un recurso ante e1 Consejo de Estado (máximo tribunal adrnirtistrativo francés), pero no existe ningún precedente que haga pensar en que esta instancia vaya a desautorizar a los tribunales y al Gobierno.Dumas, el portavoz del Gobierno y ministro al mismo tiempo de Asuntos Europeos, explicó ayer ampliamente las razones y fundamentos que han inducido al Ejecutivo francés a conceder, por primera vez, la extradición de presuntos terroristas vascos españoles residentes en Francia. La normativa de base seguida es la que definió el Gobierno socialista en noviembre de 1982. Según esa doctrina, son susceptibles de extradición personas acusadas de actos de violencia cometidos en países democráticos.

Garantías españolas

En este caso concreto de los tres presuntos etarras, Dumas dijo que el Gobierno ha contemplado tres aspectos de los informes referentes a los afectados: la gravedad de los hechos ("se trata de delitos muy graves", dijo Dumas); las condiciones legales, es decir, el respeto de todo el proceso jurídico posible en Francia (Tribunal Ordinario de Pau, Tribunal Supremo o de Casación y Consejo de Estado); y, por fin, las garantías exigidas al país demandante, a España.

Sobre este último punto, Dumas aseguro que, durante los últimos días, los responsables franceses y españoles han "negociado duramente para que el Gobierno francés acepte romper lo que hasta la fecha era una norma

intangible para él: la denegación de extradiciones.

En primer lugar, afirmó Dumas, no es de dudar que "España es un Estado de derecho", pero admitió que existen instituciones "recriminables", al responder a una pregunta en ese sentido planteada por un periodista y referida a la policía y la justicia. Por ello, Francia ha exigido, primero, que los tres activistas no sean mantenidos en detención preventiva; que sean entregados a la justicia y no a la policía; que elijan un abogado libremente, extranjero si lo desean; y que observadores internacionales puedan asistir al proceso. Todas estas condiciones parece ser que han sido recomendadas por Amnistía Internacional, a la vista de los casos de tortura que aún se producen en España, según dicha institución.

Además, añadió Dumas, el Gobierno francés ha solicitado del español garantías que liberen al País Vasco francés del contraterrorismo practicado por los GAL; y más garantías referentes a la defensa de los intereses franceses en España.

El ministro y portavoz francés resumió diciendo que se acabó el suroeste francés como plataforma de acciones "contra un país amigo, que va a entrar en la Comunidad", aunque todo esto, recalcó, "no restringirá el derecho de asilo", y si se solicitaran nuevas demandas de extradición, "se pedirían más garantías aún".

Tranquilidad para el sur

Como lo hizo cuando asumía las responsabilidades del Ministerio del Interior Gaston Deferre, Dumas subrayó que, en definitiva, el objetivo esencial del Gobierno francés apunta a recobrar la tranquilidad para el País Vasco del sur de Francia.

Reconoció el ministro que, en el seno del Ejecutivo actual, existen miembros a quienes se plantean problemas de conciencia

con estas extradiciones: el de Justicia, Robert Badinter, que defendió como abogado a implicados en otros procesos de extradición, llegó a afirmar entonces que los vascos "hoy tratados como terroristas podrán ser un día jefes de Estado"; Deferre, actual ministro del Plan, hizo anteriormente una comparación entre los etarras y los resistentes al nazismo; el propio presidente de la República se manifestó públicamente contra toda extradición cuando, hace pocos años, aún estaba en la oposición; de manera precisa, los socialistas protestaron airadamente, en 1977, cuando fue entregado por el Gobierno del entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing el abogado alemán de la banda Baader-Meinhoff Klaus Croissant.

Dumas dice ahora que la doctrina es la doctrina, pero que otra cosa es "la realidad política".

Los tres vascos serán conducidos a Madrid de manera más o menos inmediata, ya que el Gobierno español está dispuesto a que se respeten todas las condiciones legales: la última es relativa al recurso posible ante el Consejo de Estado, cuando alguien quiere oponerse a un decreto firmado por el primer ministro, como ocurre en este caso. Los magistrados de ese organismo pueden tardar un mes o más en pronunciarse sobre el fondo, pero pueden también hacerlo mucho más rápidamente y, sobre todo, es menester anotar que no existe jurisprudencia sobre un caso semejante. Hasta la fecha, el Consejo de Estado nunca ha contradicho la opinión de los tribunales y del Gobierno.