El Grupo Popular se opone a que el Estado liquide la deuda del Ayuntamiento de Valencia

Martín Quirós, miembro de Alianza Popular (AP) y portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, presentó el jueves, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, un recurso contra el acuerdo municipal por el que se solicitó al Estado que liquide 7.003 millones de deuda. Ésta había sido contraida por la Corporación durante los años 1980, 1981 y 1982. Según el Grupo Socialista, el débito tiene carácter estructural y no es imputable a las dos corporaciones democráticas, sino a la gestión anterior.

La presentación del recurso ha generado fuertes discrepancias en el seno del Grupo Popular municipal, que se añaden a una abundante historia de diferencias internas. Una parte de los concejales estaba en contra por la fuerte impopularidad que podría acarrear la medida y por la posible falta de apoyo jurídico. Triunfó, no obstante, la tesis de Quirós, que defendía la necesidad de mantener hasta el final los criterios del grupo frente a la mayoría socialista. El portavoz ha asegurado en varias ocasiones que correría el riesgo del recurso aunque fuese su suicidio político".Los populares discrepan con la forma en que se celebró el pleno durante el que se acordó pedir la liquidación de la deuda, que se celebró el 15 de marzo pasado. Los populares habían solicitado previamente del alcalde, Ricard Pérez Casado, los informes al respecto del secretario general y del interventor del ayuntamiento. Pérez Casado denegó la solicitud. El pleno denegó también el 12 de julio de este año un recurso de reposición que el Grupo Popular interpuso contra la decisión adoptada y con ello quedó abierto el plazo para recurrir ante los Tribunales por vía contencioso administrativa. Finalmente, y tras largos debates, el recurso se presentó pocas horas antes de que expirase al plazo, a medianoche del jueves.

La petición al Estado para que cubra la deuda municipal se basa en la ley de saneamiento de las haciendas locales, que prescribe la necesidad de que el interventor y el secretario general del ayuntamiento emitan informes previos a la moción.

En función del acuerdo municipal para que el Estado pague la deuda pendiente, inspectores de Hacienda están ultimando una auditoría, trámite es necesario para que se realice el pago correspondiente.