El Tribunal Supremo francés confirma el dictamen judicial en favor de la extradición de siete 'etarras'

El Tribunal Supremo de París (denominado de casación), confirmó a las 20 horas de ayer los dictámenes favorables a la extradición de los siete presuntos etarras encarcelados en la prisión parisiense de Fresnes que emitió los días 9 y 24 de agosto el Tribunal de Pau. El Gobierno socialista del presidente François Mitterrand tiene ahora en sus manos la posibilidad de conceder la extradición o no a los miembros de ETA ya sentenciados. El Ejecutivo francés puede tomar una decisión en las próximas horas, aunque anoche, a pesar del mutismo absoluto de los medios oficiales, se opinaba que los presuntos terroristas serían expulsados hacia países de América Latina. Sin embargo, no se descarta que el Gobierno francés combine esta medida con la concesión de alguna de las extradiciones solicitadas.

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En estos instantes todo depende M Gobierno, puesto que los recursos jurídicos se han agotado. Tal y como estipula la ley francesa, cuando todos los tribunales competentes han expresado su opinión, si ésta es contraria a la demanda de extradición, el afectado debe recobrar su libertad; en caso contrarío, es el Gobierno quien decide. Ésta última situación es en la que se encuentran los siete presuntos etarras, en huelga de hambre de la prisión de Fresnes.De acuerdo con la normativa vigente, a partir del momento en que anoche el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por los abogados de los vascos, tras la sentencia favorable del Tribunal ordinario de Pau, la extradición es posible; pero ello depende del Gobierno que, en cualquier momento, puede actuar en dicho sentido.

Nadie podía presumir ayer de la más insignificante confidencia oficial sobre el asunto; algunas indiscreciones de los últimos días han dejado entrever que, en el interior del Gobierno de París, existen tendencias totalmente opuestas. El presidente de la República, Mitterrand, no se opondría, según todos los rumores, a conceder alguna extradición; los ministros de Justicia, Robert Badinter, y de Interior, Pierre Joxe, son , al parecer, los más contrarios a la extradición, que ellos considerarían como una traición al legendario "derecho de asilo" que ha deseado ofrecer siempre Francia. En cualquier caso, se trata sólo de conjeturas. Lo más que puede recordarse es que, hace cinco años, Badinter defendió en Aix en Provence al miembro de ETA Mikel Goikoetxea, recientemente asesinado por los GAL; y apostrofó ante el Tribunal afirmando que "quienes son tratados hoy de terroristas, un día podrán ser jefes de estado"

El ex ministro del Interior, Gaston Defferre, hoy ministro del Plan, también comparó en cierta medida a los vascos con los resistentes al nazismo. Por todo ello no son de extrañar las divergencias en el seno del Ejecutivo.

Pero, en última. instancia, en Francia, como consecuencia de las prerrogativas excepcionales que le concede la Constitución al presidente de la República, este último ejerce un poder real. Por ello se cree que, el "veredicto" final pudiera ser el compromiso que, para los franceses, significaría la expulsión de los vascos hacia terceros países; anoche incluso se hablaba de que ya estaba preparado un avión sanitario para transportar a los vascos en las mejores condiciones posibles, dado su delicado estado de salud.

El Gobierno puede pronunciarse ya, pero su decisión aún pudiera ser interceptada por un último recurso: sí el Ejecutivo decide la extradición, los vascos pueden recurrir ante el Consejo de Estado, y si los expulsara, podrían hacerlo ante un tribunal administrativo. Ahora bien esta última esperanza es más bien teórica, porque no figura en los textos jurídicos, sino que emana de un compromiso moral del Gobierno y por esto, esa última posibilidad de recurso no es suspensiva, lo que quiere decir que no impide la ejecución inmediata y quizá inminente de la expulsión, lo más probable, o de la extradición, si el Ejecutivo así lo estimase oportuno.

La defensa de los presuntos etarras se basó en que los informes de las autoridades españolas sobre los presuntos etarras fueron presentados a sus abogados en el último minuto; y que el Tribunal de Pau no explicó las motivaciones de su opinión favorable a la extradición. Se dijo que algunos párrafos de los informes presentados eran incomprensibles; en el plano político se insistió en que los hechos recriminados por el Gobierno español son de naturaleza política, lo que excluye automáticamente la extradición.

El Tribunal de casación rechazó toda la argumentación de la defensa y confirmó la opinión favorable a la extradición de "los siete".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 21 de septiembre de 1984.

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