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Abierta una investigación sobre los privilegios de que gozaba el ultraderechista Fernández Cerrá en el Hospital Penitenciario

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado una investigación para determinar las irregularidades que se vienen produciendo en el Hospital Penitenciario de Madrid, especialmente en torno a la situación privilegiada de que disfrutaba el ultraderechista José Fernández Cerrá, uno de los ejecutores de la matanza cinco abogados de Atocha, que hasta ayer recibía un trato de favor en dicho centro como "auxiliar del jefe de servicio", destino que se considera de confianza. El director del Hospital Penitenciario, Antonio López Aparicio, estuvo a punto de ser destituido de su cargo en la noche del martes. Sin embargo, la decisión fue aplazada a la espera del resultado de las investigaciones.

La destitución de Aparicio la decidió el propio director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, que quiso de forma tajante resolver la situación privilegiada de que gozan algunos presos destinados en ese centro. Sus más inmediatos colaboradores convencieron a Martínez Zato de que postergase su decisión a la espera de los resultados de los informes de la inspección sanitaria y otra regimental iniciadas ayer en el centro.Estas investigaciones se les han encomendado a los inspectores Antonio Baeza, en el aspecto sanitario, y Alfredo Pascual, en el área de régimen interno. De ellas se pretende conocer las supuestas responsabilidades o negligencias en las que ha podido incurrir la dirección del centro. Se da la circunstancia de que Fernández Cerrá fue trasladado en mayo a este centro desde Zamora, donde cumplía condena de 193 años, para ser intervenido quirúrgicamente de un quiste en una de sus extremidades, lo que aún no se ha producido.

Mentís del director

Al parecer, López Aparicio ha negado a la inspección que Fernández Cerrá sea un preso privilegiado y se basa en que no existe ningún escrito donde conste su nombramiento como auxiliar del jefe de servicios, lo que complica las investigaciones. No obstante, el propio preso confirmó ayer a la inspección que sí presenció, al contrario que la mayoría de sus compañeros, la película Siete días de enero la noche del domingo.El mero hecho de haber presenciado la película no sólo confirma su situación de preso privilegiado, sino que es un dato importante a tomar en cuenta por la inspección para delimitar responsabilidades, ya que está rigurosamente prohibido que los reclusos realicen actividades en sus horas de descanso.

José María Mohedano, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y uno de los letrados de la acusación particular en el sumario por la matanza de Atocha, se mostró ayer sumamente extrañado de que Fernández Cerrá permanezca en el Hospital Penitenciario desde mayo cuando en algunas ocasiones él mismo ha actuado a favor de algunos presos comunes que deseaban ser trasladados a dicho centro por similares motivos y se le ha indicado que el Hospital se encontraba "al completo".

Mohedano y los también abogados Jaime Miralles, Cristina Almeida y José Luis Núñez, todos miembros de la acusación particular del caso Atocha, denunciaron ayer públicamente las irregularidades que se están advertiendo entre la población penal de extrema derecha e instaron a la Fiscalía General del Estado a que tomara cartas en el asunto, especialmente en relación con "la decisión injustificada" de los jueces de vigilancia, que desde hace algunos meses vienen beneficiando progresivamente a estos presos, en un 90% autores de delitos de sangre, hasta el punto de que ya hay algunos que gozan de libertad condicionada o régimen abierto (excarcelación temporal).

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