Los fiscales de Banca Catalana presentaron ayer el recurso contra la declaración de Pujol

Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, encargados de la investigación sobre Banca Catalana, presentaron ayer en la secretaría de gobierno de la Audiencia Territorial de Barcelona el recurso de queja solicitando la nulidad de la declaración escrita del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y reclamando que ésta se efectúe oralmente. El ministerio fiscal rebate, a lo largo de seis folios escritos por ambas caras, los argumentos esgrimidos por el juez delegado Ignacio de Lecea en la providencia dictada el pasado 31 de agosto.

Este recurso de queja deberá ser examinado por el Pleno de la Audiencia Territorial, que será convocado por su presidente, Cesáreo Rodríguez Aguilera, seguramente para finales de la próxima semana. Preceptivamente, y antes de dictar una resolución, los magistrados deberán escuchar las razones alegadas por el instructor Ignacio de Lecea para autorizar la declaración escrita de Jordi Pujol.Los fiscales recuerdan, en el recurso de queja, que la Constitución establece una serie de privilegios para los diputados y parlamentarios que puedan verse inmersos en una causa penal, pero añaden que en ningún momento se otorga privilegios sobre la manera en que deben efectuar sus declaraciones. Afirman que la forma de declarar queda claramente establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los fiscales añaden que es totalmente incorrecto y contrario a la doctrina del Tribunal Supremo extrapolar en favor de los inculpados criterios y privilegios establecidos para los testigos. El recurso recuerda que mientras a los testigos se les exige veracidad en sus declaraciones, gravitando sobre ellos la posibilidad de cometer el delito de falso testimonio, en el caso de los acusados no se da este requisito. Añade que a ninguno de los implicados se les ha requerido esta veracidad y por tanto se les ha dado el tratamiento propio de los inculpados y no el de testigos.

Señalan también que si a Jordi Pujol se le otorga el privilegio de declarar por escrito, este mismo derecho debiera hacerse extensivo a los demás inculpados por el principio jurídico de "atracción del fuero", al verse inmersos en el mismo procedimiento "extraordinario".

En el recurso de queja se critica también el criterio de "conveniencia social colectiva" establecido por el instructor en el momento de sustentar la declaración escrita de Jordi Pujol, y aseguran que se trata de un criterio subjetivo sin ningún valor jurídico y, por tanto, no digno de tenerse en cuenta.

500 folios

Los dos fiscales del caso de Banca Catalana tuvieron ayer acceso a la declaración escrita de Jordi Pujol y, junto con el instructor, Ignacio de Lecea, dedicaron toda la mañana a tomar declaración al inculpado Martí Rosell Ballester. Con esta declaración ya son 10 los acusados interrogados, habiéndose llegado ayer al folio número 500 de la causa, lo que en medios jurídicos ha sido calificado como un notable esfuerzo del equipo de instructores, dirigidos por el magistrado Ignacio de Lecea.Según se comentaba ayer en ciertos medios jurídicos, había surgido cierta tensión entre la judicatura y el ministerio fiscal. Al parecer, el origen de este clima se encontraría en las últimas declaraciones de los fiscales, según las cuales no estaban dispuestos a interrogar por escrito a Jordi Pujol. Esta tensión, cuyo grado fue magnificado por alguna agencia de prensa, coincidió con la celebración de una entrevista entre el magistrado instructor Ignacio de Lecea y el presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera.