Los jugadores adoptarían "posiciones duras" contra aquellos compañeros que actuasen como esquiroles

Los fútbolistas adoptarían "posiciones duras" contra aquellos compañeros que intentasen boicotear la huelga hasta el extremo de que, en la masiva asamblea del pasado lunes, varios llegaron a decir que "ya nos veríamos en el terreno de juego, tarde o temprano, con los esquiroles". Una gran parte de las reivindicaciones planteadas, tanto en la convocatoria de huelga como en los puntos no incluidos jurídicamente en la misma, "se arrastran desde hace años. La derogación de la actual ordenanza laboral, por ejemplo, fue propuesta por el partido socialista en 1981, cuando estaba en la oposición, a través de una proposición no de ley". Según el ministerio de Trabajo, "la huelga es legal porque, formalmente, reúne todos los requisitos necesarios para ello". El Partido Demócrata Popular acusa a la Administración de "dejación de responsabilidades" en este conflicto.

Los futbolistas están obligados a mantener sus entrenamientos diarios e incluso a viajar, salvo el domingo, si los clubes así lo exigen. La huelga comienza a tener efectos prácticos para los partidos de la segunda jornada del Campeonato de Liga, independientemente de que estuviesen programados para el sábado o el domingo. Fuentes de la Asociación de los Futbolistas Españoles (AFE) indicaron que el paro afecta a "todos los jugadores de Primera División, Segunda A y Segunda B, sean profesionales o tengan fichas de aficionados o aficionados compensados". La huelga es formalmente legal, ya que se produce en un momento en el que no está vigente convenio colectivo alguno, los motivos que la provocan son predominantemente de reivindicación laboral y se ha pedido a las empresas -los clubes- y a la Administración -el ministerio de Trabajo- con cinco días de antelación -el plazo es de diez días en el caso de los trabajadores de servicios públicos-.Los diversos organismos numerosos en las reivindicaciones planteadas por los futbolistas, desde la federación a la Liga Profesional, el Consejo Superior de Deportes y la Administración, tienen conocimiento exacto de los puntos de la AFE a través de los numerosos escritos enviados en el último año "sin acuse de recibo en la mayoría de los casos. Todos han dejado pasar el tiempo sin responder a las iniciativas de diálogo de los futbolistas". Fuentes del sindicato futbolístico recuerdan que "en 1981 el PSOE, entonces en la oposición, presentó una proposición no de ley para derogar la ordenanza laboral 318/81, de 5 de febrero".

Entre los puntos considerados negativos por los jugadores figuran el de Ia necesidad de la licencia federativa para el ejercicio de la profesión, lo que plantea graves problemas por su actual regulación en las normas federativas, que permiten a la federación calificar a su capricho y no por contrato de trabajo la profesionalidad, la no consideración de la prima de fichaje como salario, lo que supone que, en casos de despido, las indemnizaciones de los clubes puedan ser de sólo dos meses por año trabajado, o la exclusión de la Ley Básica de Empleo", según su gerente, Jose López.

Según la AFE, "en el Ministerio de Trabajo se nos indicó en el primer semestre de 1983 que la situación se resolvería en 15 días; luego, que se arreglaría por ley en el segundo semestre; con posterioridad, que sería por real decreto en el primer semestre de 1984 y, por último, que se estaba pendiente de unas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores". Sin embargo, el director general de Trabajo, Francisco García Zapata, declaró ayer este diario que el ministerio dispone sólo desde el pasado 4 de agosto del plazo de un año para regular varias de las cuestiones reivindicadas en su escrito de huelga por los futbolistas españoles. En tal fecha entró en vigor la ley que modifica, entre otros, el precepto laboral del Estatuto de los Trabajadores que legisla las profesiones especiales, como la de los deportistas profesionales, artistas... De este modo, la Administración tiene un año para, por decreto, regular cuestiones como la concesión de licencias federativas a los futbolistas y la consideración de las primas de fichaje como salarios.

Según explicó García Zapata, el Estatuto de los Trabajadores, promulgado como ley en marzo de 1980, concedía a la anterior Administración el poder de legislar sobre estos asuntos durante un plazo de 18 meses. El gobierno de UCD reguló, por decreto de 5 febrero de 1981, la profesión de los futbolistas, decreto no aceptado por la AFE porque no contemplaba las posiciones del sindicato sobre las licencias y las primas de fichaje. Al finalizar los 18 meses, el decreto seguía en vigor. Por dictamen del Consejo de Estado, para volver a regular el asunto debía esperarse a otra legislatura. "Así, sólo a partir de la modificación del Estatuto de los Trabajadores se puede de nuevo volver a legislar. Ahora es el tiempo de hablar. Hay que redactar un decreto, informar a las partes y al Consejo de Estado y, luego, publicarlo en el BOE".

Respecto a la Seguridad Social, José López manifestó que "los futbolistas quieren su inclusión en el régimen generaL Actualmente, pagan un porcentaje muy similar al resto de los trabajadores y reciben sólo las prestaciones de asistencia sanitaria e invalidez total". Por su parte, el director general de Trabajo indicó que este problema, que origina la exclusión de los futbolistas de la Ley Básica de Empleo, nace del tipo de cotización a la Seguridad Social que realizan los jugadores y que representa la tercera parte de la de un trabajador normal. "Habría que pasar de un régimen de cotización especial, como la de los futbolistas, a uno de cotización general, como el de un trabajador corriente. Y entonces los jugadores recibirían todas las prestaciones".

García Zapata añadió que un funcionarico del ministerio de Trabajo está mediando, desde hace un año, entre los clubes y los futbolistas en el conflicto del fondo de solidaridad complementario, destinado a pagar a los jugadores cuyos clubes les adeuden dinero.

En cuanto al polémico tema fiscal, se asegura desde el sindicato que "los futbolistas no quieren pagar menos que otros ciudadanos, sirio distribuir el pago. Quieren negociar que se contemple la cortedad del período en el que obtienen sus rentas y que se atiendan las, limitaciones de edad de la profesión para ser incluidos en un régimen especial. Ya lo pidieron en 1978 e incluso consta un informe ravorable de la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda en 1981".