Las negociaciones del 'grupo de Contadora' entran en vía muerta

Las negociaciones del grupo de Contadora han entrado en vía muerta tras conocerse ayer las conclusiones de la conferencia que desde el sábado pasado reunía en Panamá a representantes de las cancillerías de los países del área centroamericana. Según la agenda, delesta reunión debía surgir el texto casi definitivo de un tratado de paz, pero los debates pusieron de manifiesto diferencias al parecer insalvables entre los cinco Gobiernos de la región. El control de armamentos y la regulación de los procesos electorales han sido los escollos que han separado a Nicaragua de sus vecinos de la zona.

A medida que el proceso de diálogo se aproxima a su fase final, las discrepancias se vuelven más consistentes e irrenunciables. Así lo ha admitido el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Isidro Morales Paul, que no vaciló en calificar de difícil la situación actual. El vicecanciller mexicano, Ricardo Valero, declaró, por su parte, que los Gobiernos centroamericanos han presentado recomendaciones de muy difícil conciliación.

El comunicado final emitido por la Cancillería panameña resulta sintomático, al admitir que el proceso de consultas "permitió identificar con mayor precisión las diferencias que aún subsisten, principalmente en materia política y control de armamentos". En la terminología del grupo de Contadora esto equivale a reconocer que la reunión fue un desastre, ya que cada Gobierno se mantuvo en sus trece sin aceptar ninguna vía de consenso.

Los representantes de Costa Rica, El Salvador y Honduras, que han constituido una especie de bloque en el curso de estas negociaciones, propusieron una supervisión internacional de todos los procesos electorales de Centroamérica, refiriéndose muy directamente a las elecciones nicaragüenses del 4 de noviembre.

Control de armamentos

Víctor Hugo Tinoco, vicecanciller nicaragüense, advirtió que la regulación electoral es materia de soberanía y que el Gobierno sandinista no está dispuesto a admitir intromisiones foráneas. Precisamente la no injerencia de unos países en los asuntos internos de otros es una cuestión que, a su juicio, debería quedar claramente delimitada en el tratado de paz.La segunda manzana de la discordia es el control de armamentos. Managua entiende que mientras Washington no renuncie a sus planes de agresión tiene perfecto derecho a rearmarse y a utilizar los asesores militares extranjeros que estime necesarios, lo que contraviene una de las principales premisas del grupo de Contadora, la búsqueda de una solución para la zona: fuera de toda injerencia externa.

A la hora de la verdad, empieza a demostrarse que sin EE UU no es posible ningún acuerdo operativo en Centroamérica. Managua ha podido comprobar directamente, en las conversaciones bilaterales que viene sosteniendo en Manzanillo (México) con una delegación norteamericana, que Washington no tiene intenciones de alterar su política en la región mientras los sandinistas persistan en llevar a cabo su propio proyecto político, considerado por la Administración Reagan como marxista.

Ante esta perspectiva, cualquier acuerdo en el marco de Contadora se convertiría para el Gobierno sandinista en papel mojado, ya que no quedaría asegurada su supervivencia. De ahí que Managua insista en su rearme, bajo una filosofía que a Fidel Castro le ha permitido sobrevivir durante 25 años a sólo 100 millas de Florida: elevar tanto el costo de una intervención directa norteamericana que el Gobierno de turno termine por considerarla inviable.

Todos los protagonistas de la negociación reconocen que el proceso no puede prolongarse indefinidamente. Ya hay un documento de intenciones, un acta de objetivos y un proyecto de tratado. Si no se alcanza un acuerdo rápido, Contadora puede convertirse en una de tantas burocracias internacionales inoperantes.