Los 460.000 nuevos pensionistas anuales recibirán 80.000 pesetas menos que ahora, según estimaciones del Gobierno

El ahorro proyectado por el Gobierno con la futura ley de prestaciones de la Seguridad Social asciende a 66.442 millones de pesetas el primer año, se duplicará el segundo, llegará al triple el tercero, y así sucesivamente. La mayor parte procederá de las pensiones que se dan de alta cada año, en número superior a las 460.000. Estos cálculos han trascendido con motivo de la propuesta formulada por el Gobierno el lunes en aplazar a 1986 la aplicación de la ley actualmente en trámite de anteproyecto. La disminución anual media de ingresos por pensionista sería de unas 80.000 pesetas respecto a la vigente legislación. Otra medida, en este caso para aumentar los ingresos en unos 20.000 millones de pesetas durante 1985, será iniciar la venta de propiedades y valores bursátiles, que forman parte de su patrimonio atípico.

La ley de prestaciones, principal solución concebida para paliar las asfixia financiera que se cierne sobre la Seguridad Social, está preparada ya a nivel de anteproyecto, con el fin de que entre en vigor el próximo año. No obstante, el Gobierno propuso el lunes a la CEOE y a los sindica tos tres opciones para el presupuesto de 1985.

Las dos primeras dan por sentado que la ley se aplicará el próximo año, lo cual permitiría un ahorro inicial de 66.442 millones de pesetas respecto a los 2,436 billones de pesetas previstos para el conjunto de las prestaciones económicas. La tercera prevé aplazar las rebajas a 1986, lo que situaría el gasto en 2,436 billones. El ahorro de las dos primeras opciones sobre la tercera durante el primer año de la nueva ley sería de 37.091 millones de pesetas en las pensiones, cuya dotación quedaría así en 2,11 billones de pesetas.

Se mantendría en 171.151 millones el presupuesto de cobertura de la incapacidad laboral transitoria y en 53.377 el de invalidez provisional. Pero la nueva ley reduciría también desde 54.291 a 32.843 los gastos en protección a la familia y desde 10.833 a 2.930 millones las diversas ayudas de menor cuantía.

La disminución de estos dos últimos conceptos, en apariencia contradictoria con el bajo nivel de protección a la familia existe en España si se la compara con la media europea, será explicada por el Gobierno, como consecuente con el aumento en paralelo las deducciones fiscales. Es decir, la Seguridad Social tendrá menores gastos.

En cambio, Hacienda verá reducidos sus ingresos cuando entre en vigor la proyectada reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El primer caso se traducirá en menor presión sobre quienes soportan las cotizaciones de la Seguridad Social, principalmente las empresas. El segundo, en mayor aportación del resto de los contribuyentes.

Fin de la espiral de gasto

Sin embargo, la novedad más destacada radica en el cálculo de la reducción de gastos por pensiones, mantenido en secreto hasta ahora. Incluso las filtraciones sobre que supondría una rebaja sustancial de las nuevas pensiones trataron de ser desmentidas por portavoces oficiales.

De los datos entregados el lunes se desprende que los 37.091 millones de pesetas que ahorrarían las dos primeras opciones -aplicar la ley desde el próximo año- significan una rebaja media de 80.000 pesetas por cada uno de los 460.000 nuevos pensionistas que empezarán a cobrar jubilación, viudedad, orfandad y otras en 1985.

Como se intentará que resulten beneficiadas o no tan perjudicadas las pensiones más bajas, la media de recorte para las afectadas se trasladará probablemente hacia cifras superiores a las 100.000 pesetas.

El número de nuevos pensiones que se incorporan cada anualidad será similar al de los últimos años, pero empezará a bajar a finales de la presente década. Hasta entonces, durante el segundo año de aplicación de la ley ya habrá más de 900.000 pensionistas afectados, el tercero casi 1,4 millones, y así sucesivamente.

Así se paliará el principal problema de la Seguridad Social: la espiral de gasto derivada de que los pensionistas que mueren cada año tenían pensiones más bajas que los dados de alta, si bien las bajas reducen el crecimiento anual del número de pensiones a menos de 250.000.

El colectivo total, próximo ahora a los 5,3 millones, tiende a colocarse en 1994 en 7,5 millones, según estimaciones oficiales, consideradas exageradas por algunos expertos.

Para corregir esta espiral, la reforma, urgida por la patronal CEOE y vista con recelo por los sindicatos UGT y CC OO, pretende introducir tres modificaciones básicas: elevar el número de años de cotización necesarios para cobrar pensiones de la Seguridad Social, fijado en 10 actualmente; colocar en niveles medios europeos el período de cotización elegible para determinar la cuantía de la pensión inicial (ahora el beneficiario puede elegir los dos años que le resulten más favorables en los siete últimos años), y regular las pensiones de partida en función de una nueva escala sobre las bases cotizadas.