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Editorial:

Los que viven de la calle

LA IDEA de la profesionalización de la mendicidad, emitida por algunas autoridades, puede dar una versión equivocada de lo que está sucediendo y emparentarla con viejos mitos de patio de Monipodio, novelón de Victor Hugo o ecos de la Ópera de tres cuartos. Más aún si se le añade la muy clásica de que estos desheredados rechazan la ayuda institucional. Es cierto que una mendicidad prolongada puede producir una especie de dramaturgia de -la actividad -elección de lugares, exhibición de miseria, tono de voz del pedigüeño, relato de una historia...- que pueda hacerla más rentable; pero difícilmente se puede creer que la mendicidad sea una vocación, una dedicación y una elección de vida con preferencia a cualquier otra, como será también difícil creer que las instituciones previstas tienen hoy la capacidad suficiente y los fondos necesarios como para absorber toda (ni siquiera una parte) la mendicidad, abierta o encubierta, que ha sido ocasionada por una crisis económica que nadie ignora y por una crisis social que, por una parte, es fruto de esa crisis; por otra, de una modificación profunda de la relación mano de obra producción, y, en fin, por una considerable insolidaridad.Estas condiciones han arrojado a la calle, y a tratar de vivir de ella, a un número muy elevado de personas, principalmente en las grandes ciudades, en virtud de una especie de ley prácticamente mundial de movimiento centrípeto de la miseria. Las autoridades de esas ciudades tratan de sacudirse lo que ven como una plaga, y hasta de relegarlo como pueden a los barrios extremos, para mantener la tensión superficial del centro de la ciudad. Tratan, con arreglo a las funciones que les parecen suyas, de inventariar, limitar, dar permisos o retirarlos, acotar lugares. Quizá sea una oficialización de la miseria frente a la llamada profesionalidad, una especie de colegiación de los pobres. Las medidas que se toman son a veces inverosímiles, como la que en Madrid pretende que los músicos ambulantes renuncien al modesto material electrónico de sus instrumentos: puede ser perseguible el volumen, el abuso de los decibelios, pero no la forma de elaboración del sonido, que a veces es intrínseco a los instrumentos de que disponen o manejan. La persecución a los vendedores ambulantes que no tengan licencia se realiza también, a veces, con crueldad, con una incautación -indudablemente legal- de la pobre mercancía con la que a veces se hunde en la miseria definitiva a quien trata de subsistir. Es cierto que los derechos de los comerciantes establecidos deben ser respetados, desde el momento en que se les aplican toda clase de impuestos para obtener por lo menos estos derechos, y que los viandantes tienen también el derecho a ser defendidos contra solicitudes a veces impertinentes. Pero la apreciación de que estamos en circunstancias críticas que afectan gravemente a sectores cada vez más amplios de la población debe mitigar la represión. Incluso se tiene la idea de que muchos de los que viven de la calle están en la última frontera que les separa del delito real, y que se pueden ver lanzados a ello si se fuerza la situación del delito municipal.

Muchas veces los ciudadanos que presencian actitudes contundentes de la policía urbana contra mendigos, vendedores ambulantes o músicos callejeros se ponen de parte de las víctimas, aunque ello no impida, naturalmente, la actuación legal y ordenada de los guardias; quizá alguna vez evite algún exceso de celo o de violencia. Demuestran esas reacciones una forma de conciencia social, de percepción popular del problema, que debe ser tenida en cuenta.

La vieja defensa frente a esta degeneración forzosa de la sociedad sigue siendo, a lo que se ve -y emitida ahora por personas muy distintas de las que solían utilizarlas-, idéntica a su tópico: la profesionalidad, la alusión a las negativas a recibir la ayuda institucional, la acusación de que estas personas "se niegan a integrarse" son formas que terminan expandiendo la idea del desvalido como "vago", "sucio" o "marginado". La simple observación de que hace algunos años estas capas sociales extremas no existían y ahora sí no indica un cambio psicológico en las poblaciones hacia la vagancia, sino un cambio de estructura económica y social hacia peor. Acusar a las víctimas es una defensa poco limpia, que además tiene el efecto de limitar la solidaridad ciudadana.

El esfuerzo que están haciendo todos aquellos que tratan de mejorar la situación de las capas de población afectadas por esta. crisis es loable: desde el Consejo Superior de Menores a los ayuntamientos y las entidades privadas o semipúblicas de caridad. Su capacidad, sin embargo, está desbordada: sus centros, sus presupuestos, su personal o sus capacidades legales tienen los límites estrechos que corresponden, por su parte, a la crisis económica y social: no dan más de sí. Quizá una de las formas posibles de hacer frente a la situación como se pueda, en espera de que las condiciones del país varíen lo suficientemente como para absorber este problema, seajener consciencia de la situación real y comprender que si las calles de las ciudades españolas sufren, con arreglo a moldes ideales, por la presencia desagradable de los que tratan de vivir de ellas, y por lo que suponen de creación de mala conciencia para todos, es porque representan una situación grave, pero existente: es el síntoma visible de una enfermedad más profunda. Algunas formas de tolerancia, de permisividad, de comprensión y de ayuda, y alguna atención presupuestaria y moral mayor a las instituciones que tratan de atajar el síntoma, pueden ir ayudando a sacar adelante la situación; un exceso de represión puede, por el contrario, agravar las cosas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de agosto de 1984