La policía estatal desbarata una operación de la autonómica que quería desarticular una secta

El Cuerpo Superior de Policía y los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, culminaron ayer un enfrentamiento latente desde hace semanas, al revelarse que ambos cuerpos de seguridad protagonizan actuaciones contradictorias en las investigaciones sobre la secta radicada en Barcelona Centro Esotérico de Investigaciones (Ceis). Los máximos dirigentes de la secta se encuentran encarcelados desde el pasado 22 de junio, como consecuencia de la actuación de la policía autonómica, pero funcionarios del Cuerpo Superior procedieron ayer a la detención de cuatro personas relacionadas con la lucha contra la secta.

Los detenidos son una norteamericana experta en desprogramación -tratamiento habitual para miembros de este tipo de grupos-, un familiar de dos integrantes de la secta y los dos hijos de José María Belil, presidente de una asociación antisectas que anoche participó en el programa de TVE La clave en un debate sobre el tema.La investigación del Cuerpo Superior de Policía, iniciada ayer por orden del juzgado, se dirige contra algunos de los denunciantes de la secta por los supuestos delitos de coacciones y detención ilegal, supuestamente cometidos con posterioridad a la desarticulación de la organización, cuando familiares y un equipo de psicólogos y psiquiatras intentaron desprogramar a siete adeptos. Varias personas han sido citadas a declarar por su presunta participación en esta tarea.

Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, cuyo titular es el magistrado Carlos Bueren. La operación policial se inició a las cuatro de la madrugada, cuando miembros de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona detuvieron en un camping cercano a la ciudad a cuatro miembros de la familia Casado, entre los que se encontraban dos hermanas gemelas que habían sido recientemente sometidas a un proceso de desprogramación de la secta Ceis.

Horas más tarde, en un chalé de La Molina (Gerona), la policía detuvo a dos hijos de José María Belil, presidente de la Asociación Pro Juventud -la única organización existente en España dedicada a ayudar a ex adeptos a las sectas-, a una experta en tratamiento a adeptos de sectas y a un ex seguidor de Vicente Lapiedra, máximo responsable de la secta esotérica.

Durante el resto del día, miembros de la Jefatura Superior de Policía se trasladaron a Banyoles (Gerona) y posteriormente a Torrelles de Llobregat (Barcelona), donde un adepto a la secta identificó ante los inspectores la casa donde, según él, había permanecido retenido.

El magistrado Carlos Bueren extendió las órdenes de detención, después de haber escuchado la declaración de Elena Riera, guía y dirigente de la secta, que había sido conducida al juzgado de guardia por los Mossos d'Esquadra en virtud de una orden emanada del Juzgado número 6, cuyo titular es el magistrado César Planas.

Retención y tratamiento

La muchacha afirmó en la declaración que el pasado 22 de junio había sido detenida por un grupo de personas y sometida contra su voluntad a un proceso de desprogramación durante 15 días. Las declaraciones de Elena Riera fueron ratificadas ayer en la Jefatura Superior de Policía por otros cinco miembros de la secta, que fueron también sometidos a un tratamiento, pese a lo cual han regresado al seno de la organización que dirige Vicente Lapiedra.Las detenciones efectuadas ayer por la policía provocaron indignación y sorpresa entre los familiares de los adeptos a la secta Ceis y entre los responsables de la Generalitat que efectuaron el pasado 22 de junio una operación destinada a desmantelar la organización de Lapiedra y recuperar psíquicamente a algunos de sus seguidores. Al realizar esta operación, los familiares, la Asociación Pro Juventud y la propia Generalitat cometieron algunas irregularidades procesales, que fueron denunciadas públicamente en su día y que han servido de base a la denuncia de la seguidora del Ceis.

El magistrado juez Carlos Bueren, considerado en medios jurídicos como un profesional democrático, se negó ayer a comentar estos hechos, si bien confirmó la intención de llegar al fondo del asunto por la gravedad de las imputaciones de los seguidores de Lapiedra.

Altos cargos de la Administración autonómica estuvieron reunidos durante toda la mañana, realizando gestiones y recabando datos con relación al operativo policial y en un intento de lograr la libertad de los detenidos.