Margaret Thatcher abre las cárceles

La crisis económica y el paro han provocado un aumento de la delincuencia en prácticamente todos los países occidentales. Los jueces están sobrecargados de trabajo y las cárceles superpobladas. Frente a este hecho, un Gobierno conservador como el británico no ha encontrado más que una solución: acortar las penas y facilitar la salida de prisión de miles de delincuentes, antes de que hayan cumplido buena parte de su condena.El programa electoral con el que fue elegida dos veces Margaret Thatcher como primera ministra hacía hincapié en la ley y el orden. Sin embargo, sus sucesivos Gobiernos no han sido capaces, como reconoció la propia Thatcher, de disminuir los índices de delincuencia, pese a que aumentaron considerablemente la dotación de la policía. Los últimos datos oficiales indican que sólo en Inglaterra y en Gales (Escocia e Irlanda del Norte tienen estadísticas diferentes) la policía tiene que atender casi tres millones de posibles delitos graves al año. Aproximadamente el 38% no termina en proceso ante los tribunales o es rechazado por jura dos y jueces. El Ministerio del Interior, ocupado primero por uno de los líderes del partido tory, lord Whitelaw, y después por un abogado, Leon Brittan, de 45 años de edad, especializado tanto en cuestiones jurídicas como financieras, desarrolla una política claramente diferenciada en dos sectores. Por un lado, intenta aumentar las competencias de la policía, con un proyecto de ley que será debatido próximamente en la Cámara de los Comunes pero que ya ha levantado una fuerte polémica no sólo en los medios jurídicos, sino también entre los periodistas y los médicos. Por otro lado, y en relación con la aplicación de la ley de política carcelaria, ha puesto en marcha una serie de medidas que pueden calificarse de reformistas.

En términos generales, se intenta solventar los procesos con sentencias que no impliquen privación de libertad. Dicho de otra forma, los tribunales sólo condenan a la cárcel a un delincuente cuando "están satisfechos de que ninguna otra sentencia sería suficiente". Aun así, en los últimos 10 años ha habido sucesivas modificaciones de la ley para acortar las penas de prisión obligadas en delitos de robo, atraco, fraudes y daños criminales. En los casos de asesinato, la condena obligatoria es cadena perpetua, pero eso no quiere decir que el preso permanezca toda su vida en la cárcel. Sólo cuando la víctima es un policía, un funcionario de prisiones o un menor de edad que ha sido objeto, además, de abusos sexuales, el condenado está obligado a cumplir realmente 20 años de prisión. Una de las fórmulas más empleadas en los últimos años para aligerar la población carcelaria es la libertad bajo palabra. Hasta hace escasamente 10 días, cualquier convicto podía solicitar su liberación al cumplir las dos terceras partes de su condena o cuando llevaba un año de cárcel, según los casos. Las estadísticas demuestran que entre el 10% y el 12% de estos liberados bajo palabra vuelven a la cárcel por haber cometido otro delito, pero aun así, el Gobierno conservador de Margaret Thatcher acaba de aprobar nuevas normas, que permitirán liberar a un mayor número de presos.

Actitud comprensiva

La nueva legislación, aprobada por el partido conservador y por el Parlamento, contó con el respaldo de la primera ministra. Margaret Thatcher, la dama de hierro, apoyó en todo momento a Leon Brittan en sus esfuerzos por disminuir bruscamente el número de reclusos. A partir de ahora, cualquier persona condenada por un delito grave que no sea asesinato podrá pedir su libertad bajo palabra a los seis meses de cumplimiento de su condena. Una comisión especial estudia caso por caso. De momento ha aprobado 2.000 solicitudes, Y 2.000 presos han abandonado las cárceles en menos de 15 días. La Prensa, sobre todo la popular o amarilla, que vende 10 veces más ejemplares que la tradicional, expresó sus temores por esta repentina liberación de delincuentes, pero en términos generales, ha adoptado una actitud comprensiva y de apoyo al Gobierno.

En su intervención ante el Parlamento, Leon Brittan explicó crudamente cuál era la situación: la población reclusa se sitúa entre las 42.000 y 45.000 personas, y, pese a todos los esfuerzos, parece estar en aumento. Entre 7.000 y 8.000 de estos detenidos están en la cárcel a la espera de juicio y requieren un trato especial: tienen que estar separados de los convictos y disfrutar de condiciones de vida menos severas. Para atender a esta población existen casi centenar y medio de instituciones penitenciarias, muchas de las cuales datan del siglo pasado o son antiguos fuertes. En concreto, 48 prisiones, sobre todo en Londres y en el norte de Inglaterra, merecen el calificativo de victorianas y alojan en total al 58% de la población reclusa. "El sistema penitenciario depende de estas instalaciones obsoletas que acogen a muchos más presos de los inicialmente previstos, tal vez 6.000 más de los que cabrían normalmente en sus celdas", reconoce el informe sobre prisiones elaborado por el Ministerio del Interior. Más de 16.000 reclusos viven en celdas compartidas que no reúnen las condiciones necesarias.

El Gobierno, consciente de esta situación, presupuestó en 1982-1983 unos 11.200 millones de pesetas, destinados a reparaciones, mantenimiento y construcción de nuevas cárceles. La remodelación de algunas de las prisiones en peor estado ha acentuado aún más la sobrepoblación en las otras, hasta el extremo de que en algunos casos los presos han tenido que permanecer en las dependencias de la policía.

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los propios funcionarios de prisiones. La relación media es de un funcionario por cada tres presos, lo cual no es excesivo si se consideran los turnos y las vacaciones. Los encargados de ordenar la vida en las cárceles efectuaron en 1981 una sonada e importante campaña de acciones de protesta que llevó al Gobierno a acelerar los trámites para la libertad bajo palabra. En 1982, por ejemplo, se liberó por este procedimiento a casi 6.000 presos. Con las nuevas normas, esta cifra será muy superior.

Los expertos en problemas penitenciarios han expresado también su preocupación por el aumento de la población reclusa condenada a cadena perpetua. En 1982 se encontraban en esa situación aproximadamente 1.800 personas. En puros términos económicos, y teniendo en cuenta que el coste de mantenimiento de un preso en el Reino Unido es de 195 libras a la semana (unas 40.000 pesetas), la inversión que hace la sociedad para mantener en custodia a delincuentes es muy elevada.

Algunos especialistas creen que las condenas siguen siendo excesivas y que en la mayoría de los casos podrían acortarse, sin perjuicio para la sociedad. Ésta es la tendencia que impera actualmente en el Reino Unido y entre sus defensores hay tantos socialistas como conservadores.