El desequilibrio de la Seguridad Social amenaza con multiplicarse por cuatro antes de 1993

La insuficiencia de las cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social respecto a las tendencias del gasto ascenderá el próximo año a 978.916 millones de pesetas, para crecer paulatinamente hasta 3,64 billones de pesetas en 1993, si no se adoptan medidas correctoras. El informe que estudió a este respecto el último Consejo de Ministros fue entregado ayer a los medios informativos por el director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez.

Aunque no reveló el contenido de las medidas correctoras en estudio, Adolfo Jiménez dijo que, para garantizar el futuro del sistema de protección, es necesario restablecer el equilibrio entre cotizaciones y prestaciones. "Si no", afirmó, "tarde o temprano los Presupuestos del Estado no podrán hacer frente al gasto.La ley de financiación y perfeccionamiento de la Seguridad Social, dictada en 1972 para desarrollar la ley de bases de 1963, sirvió, según el director general, para recaudar más y aplazar el problema. A su juicio, la Seguridad Social tiene soluciones a tres o cuanto años vista con el mismo enfoques y ésta podía haber sido una tentación para la Administración actual. Pero, por el contrario, el Gobíerno ha preferido adaptar el gasto previsto a las necesidades de la economía española.

Las medidas concretas de reforma para atajar el desequilibrio estan siendo estudiadas por una comisión interministerial, que terminará el trabajo antes de finales de julio, para que puedan ser sometidas a concertación y enviadas a las Cortes en, el último semestre. El objetivo anunciado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, es que puedan entrar en vigor a principios de enero próximo.

Mejorar la gestión

La reforma institucional y la mejora de gestión que posibilitarán dichas medidas pasarán, en líneas generales, por intensas actuaciones contra el fraude en los gastos e ingresos, sobre todo por prestaciones de invalidez; la corrección de situaciones de concurrencia de pensiones; la disminuición de la morosidad en la recaudación; una mayor relación entre cotizaciones y prestaciones; y una desaceleración en las aportaciones del Estado, que no crecerán con tanta intensidad como en los últimos años.Tanto estas medidas como el documento entregado ayer a los medios informativos, que lleva por título Evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Social 1985-1993, son similares a las que a finales de 1981 estudió. una comisión tripartita de sindicatos, patronal y Administración, bajo la presidencia de Enrique Fuentes Quintana. Las principales diferencias estriban en que ahora no se considera posible mantener la participación de la Seguridad Social en el producto interior bruto (del 9,67%), ni el ritmo de incremento en la aportación del Estado, ni una fijación tan alta para las nuevas pensiones. El secretario general de la Seguridad Social, Luis García de Blas, indicó a finales del año pasado que las nuevas pensiones suponen por encima del 90% de los últimos sueldos en activo y que, por cualquiera de los sistemas en estudio, se rebajaría en torno al 60%, aunque tales extremos fueron luego desmentidos.

El documento resalta la imposibilidad de cambiar el actual sistema de reparto (pagar las prestaciones de un año con los ingresos del mismo) por otro de capitalización (basado en los rendimientos del ahorro), debido a que ello exigiría acumular de golpe más de 25 billones de pesetas, equivalente todo el producto interior bruto de un año, El principal problema será la incorporación de nuevos pensiones (próxima al 4% anual), que eleva los gastos tendenciales de 3,8 billones en 1985 a 8,89 en 1993. Aunque las cuotas pasaran en el mismo período de 2,5 a 4,7 billones de pesetas, el déficit a cubrir por el Estado subiría de 0,97 a 3,6 billones.