Las Jornadas contra la Tortura responsabilizan al Gobierno de que persistan los malos tratos

"Firmé la confesión de culpabilidad, a cambio de la liberación de una de mis hijas y dije ante el juez que había sido bien tratada por la policía, porque temía que se cumpliera la amenaza de que le pegaran un tiro a uno de mis hijos. La realidad es que fui torturada física y psíquicamente". Así se expresó la librera Jimena Alonso -detenida en octubre de 1981 acusada de colaboración con ETA- en las Jornadas contra la Tortura, que se clausuran hoy y en las que se ha puesto de relieve la persistencia de la tortura bajo el mandato socialista y, por tanto, la responsabilidad del Gobierno de Felipe González.

La aportación más vibrante a estas jornadas, organizadas por el grupo de Abogados Jóvenes de Madrid, corrió a cargo de quienes, como Jimena Alonso, Genoveva Forest o Daniel Font, han padecido en su propia carne la práctica de la tortura, o quienes, como la hermana del policía José Manuel Castán -muerto como consecuencia de presuntas torturas-, preguntó dramáticamente: "¿Cómo se puede acabar con la tortura cuando el propio ministro del Interior me ha reconocido personalmente que no estaba seguro de que mientras hablábamos no estuvieran sucediendo cosas como las ocurridas a mi hermano?".Las peticiones de dimisión de José Barrionuevo fueron insistentes y extendidas casi siempre al resto del Gabinete.

Otras informaciones fueron las aportadas por el sacerdote y educador Enrique de Castro, quien denunció la cadena de corrupción de determinados abogados, comisarías y juzgados, que dificultan la persecución de la tortura; las observaciones de Jimena Alonso sobre el carácter especial de las torturas a las mujeres, en las que los policías ejercen la dominación sexual como un plus al padecimiento que se impone a los hombres, o la petición del periodista Manuel Revuelta de que los delitos de torturas sean perseguidos por tribunales supranacionales, para acabar con ellos.

Intervinieron también en lasdistintas sesiones el escritor Fernando Savater, el antropólogo Isidoro Moreno, el filósofo Javier Sádaba ("el Gobierno socialista no controla la tortura y en esa medida la está legitimando") y el abogado Fernando Salas ("el Parlamento democrático está dando hoy el visto bueno a cuestiones que permitirán que los delitos de tortura queden en absoluta impunidad"). Todos ellos conectaron con el sentir de la mayoría de los participantes en los coloquios, coincidente en responsabilizar al Gobierno socialista y en pedir a sus miembros que, si no pueden evitar la actuación de los torturadores, al menos se lo digan a los ciudadanos para que traten de luchar por sus propios medios.

La visión del problema -ilustrada con la exhibición de películas y otro material audiovisual-se completará esta tarde con la aportación de, entre otros, José Luis Barragán, juez de San Sebastián recusado por seis guardias civiles acusados de torturas; el médico Gerardo Hernández y el miembro de Amnesty Internacional, Eduardo Marino.