Francia estudia la retirada de la carta de refugiado a los dirigentes de ETA

Las autoridades francesas están estudiando la forma de desproveer de la carta de refugiado a los ocho miembros de la rama militar de ETA que aún gozan de este privilegio. Éste es uno de los acuerdos más destacados del encuentro que sostuvieron en Madrid la pasada semana los ministros del Interior de Francia, Gaston Defferre, y de España, José Barrionuevo. Además de esta medida, el Gobierno francés está dispuesto a cancelar los permisos de residencia de alrededor de un centenar de terroristas.

Los ocho etarras que se verían afectados por esta medida son los hermanos Domingo y Ángel Iturbe Abasolo (el primero, máximo dirigente de ETA), José Manuel Pagoaga Gallastegui, José Miguel Lujua Gorostiola, Santiago Arospide Sarasola, María Izaskum Recalde Goikoetxea, María Aránzazu Sasiáin Etxave y María Dolores González Cataráin.En medios diplomáticos franceses se ha asegurado que, dadas las circunstancias que concurren entre España y Francia, "no existe razón para mantener el estatuto de refugiado político a estos ocho ciudadanos españoles". Caso de que se adoptara la decisión, estos terroristas se encontrarían en situación ¡legal en Francia, lo que originaría su inmediata expulsión.

La carta de refugiado, que lleva consigo un permiso internacional para viajar al extranjero, la concede un departamento especial, teóricamente independiente, pero controlado por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Las circunstancias de los refugiados suelen ser revisadas con cierta periodicidad, y el documento, anulado siempre que varíen en su país de origen las condiciones políticas en las que se basó el beneficiado para obtenerlo.

Esta postura de las autoridades francesas coincide con una operación de la policía de ese país para actualizar el número de miembros de las dos ramas de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) residentes en Francia y con un consenso parlamentario entre todas las fuerzas políticas de las Cortes Españolas para crear una vía jurídica que regule la reinserción social de los terroristas arrepentidos.

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