Cuando los acusados son inocentes

La persona o personas que el 11 de noviembre de 1983 acabaron con la vida de Antonia Clavero, de 73 años, se ensañaron con su víctima. El cadáver de la anciana fue encontrado con 64 puñaladas poco profundas, al mediodía, en su domicilio de la calle de San Mariano, en el distrito de San Blas. Antonia Clavero vivía sin grandes recursos económicos con su marido y dos nietos de seis y nueve años, pero aquella mañana se encontraba sola. Poco antes del suceso había regresado de la peluquería.Pedro Alcántara, más conocido como Kung-Fu, tardó poco en ser acusado del crimen. Kung-Fu es un muchacho de 18 años que, a su pesar, se ha hecho célebre en los barrios del noreste de Madrid como chorizo de poca monta. A ello ha contribuido no poco el tener la garganta y medio rostro destrozados desde que a los 14 años recibió una ráfaga de metralleta disparada por una patrulla de la Guardia Civil.

A las cinco de la mañana del 12 de noviembre, con el cuerpo de Antonia Clavero aún en el depósito de cadáveres, inspectores de la comisaría de San Blas detuvieron a Pedro Alcántara. Contra él hay una llamada telefónica, cuyo autor nunca se ha identificado, que asegura haberle visto salir, en compañía de otro muchacho, del piso de la anciana muerta. Su amigo Guillermo E. R. es arrestado asimismo por este motivo.

Los policías suelen lamentar que operan con excesivas prisas ante la presión de la opinión pública. En las fechas en las cuales fueron detenidos Kung-Fu y su amigo Guillermo la campaña política y periodística que a lo largo de los últimos meses ha denunciado la inseguridad ciudadana se encontraba en uno de sus momentos más críticos. Tal vez por eso, el 15 de noviembre la Jefatura Superior de Policía de Madrid convoca una conferencia de prensa para informar del supuesto esclarecimiento del crimen de San Blas y de otros delitos de sangre.

Dos días más tarde, el 17 de noviembre, Kung-Fu sale en libertad de los juzgados de la plaza de Castilla. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 no ha encontrado ningún indicio racional para ingresarlo en prisión por su posible participación en el crimen. Sin embargo, en la misma puerta del edificio judicial, el joven delincuente es capturado de nuevo por la policía. El 20 de noviembre vuelve a los juzgados y, al día siguiente, el titular del número 2 le vuelve a poner en libertad sin cargos. La policía, como suele ser habitual, no rectificó nunca la imputación.

Transcurrieron varios meses. El pasado 3 de mayo, inspectores de la comisaría de Buenavista detienen a los hermanos Antonio e Isidoro Silva Montoya, de 43 y 23 años, respectivamente, y les acusan de forma oficial, aunque con menos aparato informativo que en la anterior ocasión, del crimen de San Blas. Ambos son gitanos madrileños, casados, son padres de siete hijos en total, carecen de antecedentes y se dedican a la venta ambulante de frutas y verduras.

La denunciante, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, afirma que vio a los dos detenidos entrar en el portal de la casa de la calle de San Mariano poco antes de que la anciana fuera apuñalada. Ha callado el hecho durante seis meses y los acusados creen que mantiene relaciones con un hombre que les adeuda 140.000 pesetas. En su declaración, la mujer sostiene que los hombres que vio iban completamente afeitados. Sin embargo, Antonio Silva Montoya prueba con fotografías y testimonios personales que siempre ha lucido un largo bigote cuyos extremos llegan hasta la barbilla.

En un primer momento, la policía cree haber encontrado el arma del crimen en una navaja pequeña que ocupa a los hermanos Silva Montoya. Éstos recuerdan que la compraron con posterioridad al crimen de San Blas, y el encargado de la ferretería vendedora lo confirma. No hay, pues, arma del crimen, y tampoco se encuentra a los acusados ningún objeto procedente del robo del piso de la anciana.

La detención de los Silva Montoya provoca de forma inmediata la solidaridad de la colectividad gitana de Vicálvaro, donde aquéllos residen. Unas 20 personas se concentran ante los juzgados de la plaza de Castilla y con grandes gritos y lloros manifiestan su convicción de que los hermanos son inocentes. El 9 de mayo, los Silva Montoya ingresan en la prisión de Carabanchel. Diez días después, salen de allí en libertad bajo fianza de 200.000 pesetas cada uno. Sus vecinos de las chabolas de Vicálvaro han hecho una colecta para pagar esas cantidades.

Cantando flamenco entretuvieron su estancia en prisión. Además de vendedor ambulante, Isidoro es un cantaor conocido en los medios calés como El Extranjero. Su primera petición al verse recluido en Carabanchel fue una guitarra. Ahora los dos hermanos hacen vida normal y el Juzgado de Instrucción número 2 no ha dictaminado su procesamiento.

La desaparición de El Nani

Otro juzgado madrileño de instrucción, el número 11, tramita estos días diligencias para esclarecer la desaparición de Santiago Corella, El Nani, de 29 años, que, junto con su mujer y un amigo, fue acusado de un crimen que no cometió.Todo arranca del 31 de octubre de 1983, cuando a las 19.30 murió de un balazo el joyero Pablo Perea, en un atraco a su establecimiento protagonizado por dos hombres y una mujer. Testigo de los hechos fue Juan Sánchez Gómez, un empleado de la joyería.En los días siguientes, los inspectores del grupo tercero de la Brigada Regional de Policía Judicial, que tiene su base en la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, enseñaron sus álbumes de fotos al testigo, que dijo reconocer a Santiago Corella, El Nani, un delincuente de poca monta que nunca había estado implicado en hechos de sangre.

El 12 de noviembre de 1983 fueron detenidos en una misma vivienda Santiago Corella, su esposa, Soledad Montero, y tres hermanas del primero. En la misma operación policial era capturado en su domicilio conyugal Ángel Manzano Rubio, de 30 años. Para la policía, el caso de la calle de Tribulete estaba resuelto. Corella, Soledad y Manzano constituían el trío de atracadores, por más que negaran con desesperación su participación en el delito. Así se informó a la Prensa.

Las cosas, sin embargo, no estaban claras. Un portavoz dé la policía contó a los informadores que Santiago Corella se había escapado en la madrugada del día 13, horas después de su arresto. Según la versión oficial, Corella fue trasladado a un descampado de Vicálvaro, donde decía tener un depósito de armas. Una vez allí, se liberó de las esposas, se arrojó a un desnivel del terreno y desapareció en la oscuridad. Nadie ha vuelto a tener noticias suyas.

Días después, Ángel Manzano, el tercer acusado por el crimen de la calle de Tribulete, se puso en contacto con algunos medios informativos. Estaba en libertad, sin que hubiera llegado a ser puesto a disposición de la autoridad judicial. El 15 de noviembre había sido traladado desde el edificio policial de la Puerta del Sol hasta el Hospital Provincial, donde se le diagnosticaron múltiples lesiones en cara, tórax y abdomen, se le operó del estómago y le aplicaron 18 puntos de sutura. Fue dado de alta nueve días después.

Manzano, que hoy trabaja como portero en una discoteca, afirma haber sido torturado por los inspectores del grupo tercero para que reconociera su participación en el crimen del que le acusaban, para que se comiera el homicidio. Dice que le colocaron un casco de motorista y un mono, le tumbaron sobre una mesa con la mitad superior del cuerpo en el vacío y le golpearon durante horas.

La mesa o quirófano, el procedimiento de tortura al que Manzano afirma haber sido sometido, saltó a las páginas de los periódicos en marzo de 1983, cuando cuatro detenidos, de los que tres no se conocían entre sí y que carecieron de asistencia letrada en la Puerta del Sol, denunciaron ante los juzgados de Instrucción números 6, 20 y 22 haber sido objeto del mismo por parte de funcionarios del grupo primero de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, que dirige el comisario Emilio Ballesteros. Al grupo sexto de la misma brigada pertenecen los inspectores que han sido acusados de haber torturado al policía nacional José Manuel Castán, fallecido el pasado 14 de marzo. El comisario Antonio Garrido, jefe superior de Policía de Madrid, nunca ha querido pronunciarse sobre estos hechos y ha optado, como respuesta, por restringir cada vez más el acceso de la Prensa a la información policial.

Soledad Montero, la esposa de El Nani, permaneció dos meses en la prisión de Yeserías, sin que llegara a ser procesada por la autoridad judicial. Cuando fue liberada inició gestiones para averiguar el paradero de su esposo, con el que tiene dos hijos.

El último testimonio oficial de la existencia de Santiago Corella es un parte facultativo, emitido a las 18.50 del 12 de noviembre en la Puerta del Sol, en el que se registran las siguientes lesiones: "Erosión en ambas axilas. Contusión pectoral izquierda. Contusión región lumbar. Erosión pierna derecha. Contusión epigástrica. Herida segundo dedo mano derecha. Esquimosis brazo mismo lado, cara dorsal. Erosiones en ambas muñecas". No se emite pronóstico y los portavoces policiales afirman que esos daños fisicos le fueron causados a Corella al resistirse a la detención.

EI'caso'del parque de Roma

De forma no oficial, responsables policiales han expresado su convicción de que El Nani murió, pero, según ellos, en Francia y en un ajuste de cuentas con delincuentes rivales. El pasado 17 de mayo, los familiares de Santiago Corella presentaron denuncia por su presunta desaparición.Que Santiago Corella, Soledad Montero y Ángel Manzano eran inocentes fue ratificado de forma indirecta por la policía cuando a comienzos de marzo inspectoresde la comisaría de La Estrella, ajenos hasta el momento al caso, detuvieron a Manuel Pulido Jaraiz y su esposa, Luisa Pérez Ramos, y les acusaron, junto con "un tercero no identificado", del homicidio de Pablo Perea. El Juzgado de Instrucción número 13 decretó el pasado 15 de marzo su procesamiento e ingreso en las prisiones de Carabanchel y Yeserías, respectivamente.

La principal prueba contra el matrimonio es, de nuevo, el reconocimiento del empleado de la joyería, el mismo que identificó a los primeros detenidos. No se les han encontrado ni el arma del crimen ni ninguna de las joyas robadas en la calle de Tribulete. Los inspector de la comisaría de la Estrella afirman que llegaron a la convicción de la participación de Pulido y su mujer en el delito a través de una confidencia, cuyo autor no han revelado ante la autoridad judicial.

Otro de los crímenes cometidos en Madrid durante los últimos meses y aún por aclarar de forma convincente es el que ha sido conocido periodísticamente como el caso del parque de Roma. El 16 de enero de 1984 fue encontrado en una caseta de Hidroeléctrica, próxima al parque de Roma, el cadáver de Manuel Rodríguez Monclús, de 17 años, que presentaba 18 puñaladas. El forense calculó que había muerto el día anterior. Aproximadamente un mes después, inspectores de la comisaría de La Estrella detuvieron a los hermanos José Luis y Juan José Cuadrado Garrido, de 18 y 16 años, respectivamente. El mayor había aparecido en las páginas de los periódicos con anterioridad, cuando en junio de 1981 le estalló en las manos un artefacto de fabricación casera que, al parecer, intentaba colocar en una sede comunista. Entonces era militante de Fuerza Joven.

No quedaron claras las razones que, según la policía, indujeron a los hermanos Cuadrado a apuñalar a su amigo Rodríguez Monclús. Entre otras, la policía mencionó en una nota oficial que el fallecido les había robado un radiocasete y les había vendido una motocicleta robada, y algunas diferencias en cuestiones de gustos musicales. En el domicilio familiar de los detenidos fueron encontradas 34 armas blancas, aunque ninguna de ellas pudo probarse que hubiera sido la causante de la muerte de Manuel Rodríguez.

Los hermanos detenidos negaron con firmeza su participación en los hechos y arguyeron que el día 14 había sido operada su madre, por lo que el día siguiente, el del crimen, no se movieron de casa. A finales de febrero fueron puestos en libertad sin cargos. Según el criterio de la autoridad judicial, la policía no había aportado pruebas convincentes de su implicación.

De todo ello se deduce además una segunda lectura: los culpables, los que sí asesinaron, todavía no han sido encontrados por esa misma policía que ha acusado a unos inocentes. Errores, pues, doblemente graves.