La Audiencia señala que su inhibición se debe a una laguna legal sobre el fuero de los parlamentarios autonómicos

El reglamento del Parlamento de Cataluña no es una ley orgánica y por tanto no puede establecer que el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona supla al aún no creado Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para encausar a los parlamentarios catalanes. Este es el principal argumento esgrimido por los 38 magistrados de Barcelona en el auto con el que se declaran incompetentes para tratar de la querella contra 25 ex consejeros de Banca Catalana, entre ellos el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Un grupo de magistrados disconformes ha hecho constar su voto reservado. Los fiscales han iniciado la preparación de un recurso contra el auto.

Estos datos fueron facilitados ayer, a la una del mediodía, por el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia. El presidente de la Territorial, tras un corto preámbulo, leyó íntegramente el documento en el que se razonan los motivos de la incompetencia.El texto había sido redactado por los jueces Ignacio de Lecea Ledesma y José Francisco Valls Gombau, que habían sido designados por el pleno del pasado lunes como ponentes de la causa, al ser el más antiguo y el más joven de los magistrados de Barcelona. Ignacio de Lecea Ledesma, en razón de su antigüedad, fue también el artífice del auto de incompetencia dictado el pasado 7 de mayo a raíz de la querella del diputado Josep Maria Bricall contra Jordi Pujol. A pesar de que la situación jurídica era la misma, el reciente auto del Pleno de la Audiencia Territorial establece con más detalle y claridad las razones de la "no competencia" y elimina también algún argumento "superfluo" que aparecía en el auto sobre la querella Bricall-Pujol, como la carencia de "infraestructura procesal".

El auto fue firmado ayer por la mañana, después del plenillo, por los 38 magistrados que asistieron a la reunión. Algunos de estos magistrados, disconformes con la resolución, reclamaron hacer constar su voto reservado, de manera similar a como lo hicieran el pasado 7 de mayo, cuando la Audiencia también se declaró incompetente para tratar sobre la querella de Bricall. Con este voto reservado los magistrados disconformes reclaman la competencia del pleno, muestran su preocupación por el vacío legal y reclaman la creación inmediata del Tribunal Superior.

El auto del Pleno de la Audiencia Territorial basa su "incompetencia" en tres argumentos. El primero hace referencia a la falta de jurisdicción del Pleno de la Audiencia Territorial para encausar a los parlamentarios. El segundo, a la irregularidad que supone que un reglamento del Parlamento establezca una jurisdicción y llene de contenido un tribunal, cuando esta misión sólo pueden realizarla las leyes orgánicas. En tercer lugar, el auto re cuerda que, aunque se diera validez al reglamento del Parlamento, el pleno es competente para entender presuntos delitos de los parlamentarios y no los supuesta mente cometidos por el presidente del Gobierno catalán y por los otros miembros del Ejecutivo, que no tienen que ser obligatoriamente parlamentarios.

Un asunto judicial

En el quinto considerando del auto se insinúa la posibilidad de que el órgano competente para entender el tema de Banca Catalana sea la propia Audiencia Nacional, a tenor del ámbito del presunto delito y tener éste un alcance estatal. En el auto se avala este argumento asegurando además que los presuntos perjudicados son el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos. Esta hipótesis fue ya planteada en el transcurso del pleno del pasado día 29.El presidente de la Audiencia, después de la lectura del auto, afirmó que se encontraban ante una "cuestión judicial, nada más que judicial, puramente judicial". Insistió en que "posiblemente en la calle se le darán otras connotaciones, pero se trata de un tema judicial contra 25 ex consejeros de Banca Catalana, en el que se da la circunstancia que entre los mismos se encuentra el presidente Jordi Pujol".

Cesáreo Rodríguez Aguilera se refirió también al secreto judicial y aseguró que "estos deseos de protección son lógicos en los medios judiciales". Señaló su preocupación por determinadas "filtraciones" informativas realizadas a través de la prensa que "jamás hubieran tenido que realizarse". Habló concretamente de la publicación del resultado de las votacionesdel pleno, y aseguró que "la falta de medios me impide abrir una investigación y tomar medidas pertinentes".

Con estas afirmaciones Cesáreo Rodríguez Aguilera justificó el hecho de que no se facilitara ninguna fotoco pia del auto. El letrado Joan Piqué Vidal, que es elabogado personal de Jordi Pujol, asistió a la rueda de prensa y recogió la lectura del auto con la ayuda de un magnetófono.Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena conocieron el texto del auto ayer por la mañana, momentos antes de la reunión informativa convocada por el presidente de la Audiencia. A partir de este instante los dos representantes del ministerio público encargados del caso abrieron un turno de consultas 3, de reflexión para estructurar un recurso y examinar en qué instancia debe presentarse.