La nueva legislación hace renacer en Francia la polémica entre el Estado y los centros católicos
La manifestación monstruo que ha decidido convocar la enseñanza privada en Francia para el próximo día 24 de junio, y que se celebrará en París, viene a ser un nuevo estallido de la guerra escolar que, desde hace más de un siglo, domina las relaciones entre el Estado y los colegios católicos. En Francia, la escuela religiosa representa el 16% de los centros de enseñanzas primaria y secundaria, lo que equivale a dos millones de alumnos. La nueva ley sobre esta materia, aprobada por la Asamblea Nacional, está destinada a garantizar teóricamente la enseñanza católica, pero los responsables de esta última entienden que, a largo plazo, ocurrirá todo lo contrario.Más de un millón de personas esperan reunir los dirigentes de la enseñanza religiosa el próximo 24 de junio, en París, con el fin de advertir al país y al Gobierno de sus intenciones: dar la batalla hasta que el Ejecutivo socialista garantice la existencia de la enseñanza católica, que a su entener está amenazada por la ley que acaba de aprobar la Asamblea de Diputados, tras dos años y medio de discusiones entre las partes interesadas.
La referida legislación reemplaza a la que, hace ya más de 20 años, regía las relaciones entre el Estado y la enseñanza católica. El primero subvencionaba la segunda mediante contratos establecidos entre ambas partes. La nueva ley subsana fallos de la anterior, reconocidos por todos, e intenta acercarse a la oferta que François Mitterrand hizo cuando fue candidato a las elecciones presidenciales, que ganó en 1981: crear un "servicio público, laico y unificado". Sobre el terreno, Mitterrand y los moderados del socialismo francés comprendieron que no era viable suprimir la enseñanza católica subvencionada por el Estado, de la que es partidario el 75% de la opinión pública, según todos los sondeos de los últimos años.
Consenso roto
Hace algunas semanas se había llegado a lo que incluso se calificó de consenso "histórico" entre el Gobierno y los católicos, pero a última hora los ultras del laicismo han forzado a los dirigentes del Ejecutivo a modificar sustancialmente el texto que, penosamente, elaboraron el ministro de Educación y los responsables católicos. Los dos puntos sustanciales de discordia se refieren a la financiación de las escuelas religiosas y a la reconversión de los profesores en funcionarios del Estado.La ley estipula, en primer lugar, que los profesores de la enseñanza católica podrán convertirse en funcionarios y, con ello, no están sometidos a la formación específica que requiere actualmente la escuela privada. Y la financiación de los centros privados queda ligada a la cláusula anterior: en efecto, durante ocho años, si una colectividad territorial (que ahora es quien pagará estas escuelas) se niega a financiar un centro religioso, el Estado se hace cargo de dicha cotización. Pero al término de ese tiempo, si el centro en cuestión no tiene por lo menos el 50% de los profesores titularizados por el Estado, se queda sin subvención en cuanto hayan pasado, como máximo, tres años. Es decir, en suma, si al cabo de 11 años una escuela católica no cuenta con la mitad de los profesores dotados del estatuto de funcionarios del Estado corre el riesgo de desaparecer.
