La sombra del boicoteo de la oposicion planea sobre los comicios del 4 de noviembre

El instinto de supervivencia de los partidos juega, sin embargo, en contra de la abstención. La ley determina la muerte política de quienes no acudan a estas elecciones con candidaturas propias o en coalición. El Gobierno confía, por lo demás, en que las bases impongan la cordura en las convenciones que deben decidir esta cuestión.El levantamiento del estado de emergencia, y con él la censura de Prensa, es una condición inexcusable para todos. La oposición entiende que esta medida ya tenía que haberse adoptado, mientras que la dirección sandinista se ha comprometido a ponerla en práctica antes de que se abra la campaña electoral, posiblemente a comienzos de, agosto.

Este régimen de excepcionafidad política se decretó en marzo de 1982 y desde entonces se ha renovado de forma automática cada tres meses. El plazo en vigor se cumple el próximo jueves. Bastaría con no prorrogarlo para que se interpretase como un gesto de buena voluntad.

Pero la cancelación del estado de emergencia no tiene un sentido unívoco para todos. Los sandinistas consideran que la situación de guerra que vive el país no permite liberar la información militar, y en este capítulo incluyen también todo lo relativo a problemas de abastecimiento, ya que ésa es una de las armas que Estados Unidos utiliza contra la revolución.

Para evitar la imagen de una censura parcial de Prensa, se está tramitando aceleradamente, en el Consejo de Estado, una ley de medios de comunicación que somete estos dos temas a los canales oficiales, bajo amenaza de fortísimas sanciones. Pablo Antonio Cuadra, director del periódico opositor La Prensa, califica la ley de "estaliniana y represiva

"Si se aprueba en su redacción actual", añade, "no creo que nuestro diario pueda sobrevivir seis meses. El único cambio es que desaparece la censura previa, pero se crea un Consejo Nacional de Medios que estará en manos de un partido que ya ha probado que actúa como dictador ideológico".

El comandante Bayardo Arce opina que no habría ningún inconveniente para que la Prensa escribiera sobre la falta de papel higiénico, de jabón o de pasta de dientes si al mismo tiempo señalase como culpable a Estados Unidos. 'Tócontrario es servir de eco a la agresión norteamericana".

Adán Fletes, dirigente del Partido Socialeristiano (PSC), dice que un tema como el del servicio militar, que ya ha ocasionado algunas manifestaciones de madres, no se puede hurtar del debate electoral. Mucho menos, añade Virgilio Godoy, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), una cuestión tan medular como la política económica. En ese caso, la campaña quedaría vacía de contenido.

Junto al estado de emergencia, la autodenominada oposición democrática (socialcristianos, liberales-constitucionalistas,- socialdemócratas y conservadores) hizo público cinco meses atrás un documento de condiciones para un proceso democrático. "Ni siquiera nos han contestado", dice Miriam Argüello, vicepresidente del Partido Conservador Demócrata (PCD).

"Es cierto", admite Bayardo Arce. "De lo que no se han dado cuenta estos señores es de que ellos son minoría en Nicaragua, y aun en los sistemas democráticos las minorías tienen que someterse a los dictámenes de la mayoría". La oposición rechaza este argumento por proceder de un Gobierno de facto que no ha medido su fuerza en las urnas.

A título de explicación contundente, Ramiro Gurdian, dirigente del poderoso Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), remachaque en todos los países democráticos con mala situación económica el partido gobernante pierde las elecciones.

Para los sandinistas todo esto no pasa de ser bravatas de perdedores. Los partidos de oposición "tienen la posibilidad jurídica de conquistar el poder con los votos", dice el comandante Arce.

Entre las condiciones que exige la oposición para ir a las elecciones figura la separación entre el Estado y el Frente Sandinista y la apertura de un proceso de reconciliación interna. En este último capítulo, el Gobierno se niega a dialogar. con los alzados en armas, pero parecería dispuesto a elaborar una lista reducida de personas excluidas de la amnistía, unas 50, entre las que figuran, con seguridad, Edén Pastora y Alfonso Robelo.

La separación Estado-partido alude a la apelación sandinista que tiene el ejército, la policía, la televisión y los comités de defensa (CDS), que agrupan a medio millón de nicaragüenses.

El riesgo de dictadura

"Quieren implantar una dictadura marxista", opina Miriam Argüello. "Nosotros no podemos legitimar una cosa así. Si no cambian de actitud nos abstendremos". El comandante Arce no concede demasiada importancia al tema: "Nosotros vamos a hacer las elecciones en cualquier caso, porque queremos refrendar mediante las urnas la legitimidad que ya nos dio el pueblo en 1979"..

La derecha entiende que una abstención masiva agravaría la crisis actual. Enrique Bolaños, presidente del Cosep y eminencia gris de la oposición, considera que en ese caso la responsabilidad correspondería al Frente Sandinista. "Bastarían unas elecciones limpias para quitar a los contras el 80%. de su fuerza. Si no es así, 200.000 nicaragüenses frustrados pueden irse del país y algunos tomarán las armas".