Los periódicos y agencias deberán aprobar un estatuto de Redacción para recibir subvenciones oficiales

Las empresas periodísticas y agencias informativas que no tengan aprobado un estatuto de la Redacción no recibirán ayudas ni directas ni indirectas por parte del Estado. Esta medida, introducida a través de una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista en el proyecto de ley de Ayudas del! Estado a la Prensa, que quedó dictaminado ayer por la ponencia de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, ha abierto una fuerte polémica en medios periodísticos. Mientras que los editores se oponen rotundamente a ella, los sindicatos y las asociaciones de profesionales de Prensa la apoyan casi sin reservas.

Dado que hasta ahora no existe ningún tipo de regulación sobre los estatutos de la Redacción -aunque algunos medios de Prensa los poseen en la práctica-, la enmienda socialista aplaza la entrada en vigor de esta medida al momento en que se apruebe una futura legislación que desarrollará el artículo 20 de la Constitución (sobre libertad de expresión). Aunque el proyecto de ley dictaminado ayer en ponencia tiene que pasar por el debate en la comisión correspondiente, y posteriormente por el Pleno del Congreso y por el Senado, se da como seguro en frentes socialistas que el contenido de la enmienda se mantendrá.Los socialistas han justificado esta medida en que las ayudas, tanto directas como indirectas, se otorgan, por una parte, para hacer frente a la crisis estructural de las empresas periodísticas, y, por otra parte, para salvaguardar el pluralismo informativo. Este último criterio debe extenderse a los miembros de la Redacción a través de un estatuto que proteja el libre ejercicio de la profesión en el marco del respeto a la línea editorial".

Mientras que los sindicatos UGT y CC 00 y las asociaciones profesionales Unión de Periodistas y Asociaciones de la Prensa se muestran básicamente de acuerdo con esta medida, los empresarios de Prensa, agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), se oponen rotundamente por entender que "el condicionar las ayudas estatales a la Prensa a la existencia en la empresa de un estatuto de redacción supone una coacción evidente, una merma de la autonomía de gestión de la empresa y una reducción de su libertad".

Esta propuesta del PSOE ha sido también denunciada, según fuentes de la AEDE, por el director del Instituto Internacional de Prensa (IPI), Peter Galliner, en su informe sobre las relaciones de la Prensa y los Gobiernos de todo el mundo aportado al 372 Congreso de la Federación Internacional de Editores de Diarios (FIEJ), que se celebra en París.

El proyecto de ley de ayudas estatales a las empresas periodísticas y agencias informativas pretende, por primera vez a través de una ley, establecer una serie de, ayudas, tanto directas como indirectas, "según criterios objetivos y sometiendo la actuación de la Administración en esta materia a los controles existentes".

Otro aspecto importante y polémico de esta ley es la creación de un mecanismo de compensación entre las ayudas directas y las deudas firmes a entidades públicas. Si la empresa periodística tiene contraídas deudas con Hacienda, Seguridad Social o instituciones oficiales de crédito, la Administración deducirá esas cantidades del total del importe de la ayuda.

En 1983 el Estado concedió 2.950 millones de pesetas en ayudas a la Prensa. Cantidades que fueron destinadas, sobre todo, a ayudas a la difusión por número, consumo de papel prensa, y reconversión tecnológica.