Los funcionarios no deben copar los altos cargos de la Administración, según el subsecretario de Hacienda

Los puestos directivos de la Administración no deben ser un coto vedado para los propios funcionarios, según el subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Martín, que ayer intervino en el coloquio celebrado en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, dentro de un ciclo de encuentros sobre la función de los directivos dentro de la propia Administración del Estado. Esta opinión resultó la más extendida entre los participantes en este acto."La Administración no tiene que dirigir, sino ser dirigida, según figura en la Constitución", añadió Miguel Martín durante su intervención como ponente en este encuentro. Aseguró que no se puede hablar con propiedad de función directiva en la Administración Pública, sino de puestos o cargos directivos, lo que en definitiva desemboca en un problema de puestos de trabajo más o menos definidos que deben ser cubiertos por los más capacitados, con independencia de su condición anterior.

No obstante, reconoció la conveniencia de que los elegidos para cubrir estos puestos tengan un conocimiento del funcionamiento de la Administración, a la que atribuyó unas normas de funcionamiento específicas.

Los problemas que se derivan de la neutralidad de los funcionarios públicos, y más concretamente de aquéllos que acceden a puestos directivos fueron puestos de manifiesto por Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Nieto afirmó que el nivel de decisión de estos directivos acostumbra a ser mínimo, excepto en casos como los que se presentan en el Ministerio de Hacienda, mientras en la mayor parte de las ocasiones presentan una extrema vinculación con el poder político. "Otra cosa es -manifestó Nieto- su poder de decisión en cuestiones internas de su departamento, y de aquí es, precisamente, de donde parten casi todas las críticas a su poder". La necesidad de la profesionalización del funcionariado fue puesta de manifiesto por el parlamentario de AP por Toledo, Arturo García Tizón, para quien la sumisión de los cuerpos públicos al poder político constituye un severo peligro para la estabilidad del Estado.